El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 23 de septiembre una política que alcanza a solicitantes, intermediarios, proveedores médicos y familiares directos vinculados a viajes para dar a luz en territorio estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos incorporó nuevas restricciones para solicitantes de visas a su política migratoria para actuar contra el denominado turismo de nacimiento, una práctica vinculada con viajes organizados con el propósito de que un menor nazca en territorio estadounidense y obtenga la ciudadanía. El anuncio fue realizado el 23 de septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio.
Restricciones de visas: el mensaje de Marco Rubio contra el turismo de parto
“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas. Esta política está dirigida a personas que, a sabiendas, participan, han participado o facilitan el turismo de maternidad a EE.UU.”, dijo Rubio en un comunicado oficial.
La nueva política no se limita a las personas que viajan para dar a luz, sino que también contempla a quienes forman parte de la estructura comercial que organiza estas operaciones. Entre ellos aparecen:
- Propietarios, operadores y administradores de redes de facilitación
- Intermediarios que instruyan a solicitantes para proporcionar información falsa o cometer fraude durante el trámite de una visa
- Proveedores médicos extranjeros que, de manera consciente, colaboren con estos viajes o con el uso fraudulento de programas públicos de salud como Medicaid.
De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), determinados familiares directos de las personas alcanzadas también pueden quedar sujetos a restricciones para obtener una visa. De esta manera, la aplicación de la norma puede extenderse más allá de quienes intervienen directamente en la organización de los viajes.
El anuncio de la administración federal no detalló cambios para los solicitantes en general, pero sí remarcó que quienes sean objetivo de estas investigaciones no recibirán la visa.
Turismo de nacimiento: Rubio dijo que EE.UU. no permitirá “vender la ciudadanía”
“Las redes extranjeras de turismo de maternidad comercial han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía con fines de lucro”, señaló Rubio.
Según la mirada del gobierno federal, existen empresas que cobran decenas de miles de dólares por organizar viajes, alojamiento, atención médica y partos en EE.UU. con el objetivo de que los hijos de sus clientes nazcan en el país norteamericano. La administración sostuvo que estas operaciones pueden involucrar declaraciones falsas ante las autoridades migratorias y el uso indebido de recursos públicos.
La disposición anunciada por Rubio utiliza como fundamento la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Esta norma contempla la inadmisibilidad de extranjeros cuando el secretario de Estado considera que su ingreso o las actividades que pretenden desarrollar en EE.UU. podrían generar consecuencias graves y adversas para la política exterior.
Una persona considerada inadmisible por esta vía queda fuera de los requisitos para recibir una visa y no puede ser admitida en EE.UU. La norma también establece límites para aplicar esta causal únicamente por determinadas creencias, declaraciones o asociaciones.
En el caso del turismo de nacimiento, el DOS utiliza esta autoridad para fundamentar restricciones dirigidas a quienes, según la política anunciada, participan en la organización comercial de estos viajes o colaboran con ellos.
EE.UU. restringe visas mientras discute la ciudadanía por nacimiento
La nueva política llega en medio de un proceso judicial relacionado con la ciudadanía por nacimiento. La Decimocuarta Enmienda establece el principio según el cual las personas nacidas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas estadounidenses desde el parto.
El 20 de enero de 2025, el gobierno de Donald Trump había emitido la Orden Ejecutiva 14160, que buscaba excluir a determinadas personas nacidas en EE.UU. cuyos padres tuvieran ciertos estatus migratorios irregulares. Posterior a esa medida, la Corte Suprema rechazó esa interpretación en junio de 2026 en el caso Trump v. Barbara.
Luego, el 6 de agosto, el gobierno federal emitió la Orden Ejecutiva 14418, que planteó excepciones específicas relacionadas con determinadas situaciones de los padres, incluidos algunos casos vinculados con el turismo de parto. El 2 de septiembre, la jueza federal Deborah L. Boardman suspendió de manera preliminar su aplicación.
La decisión judicial no resolvió definitivamente el litigio. El gobierno federal señaló que continuará con el proceso.