Representantes de la Unión Industrial Argentina se reunieron con funcionarios del Gobierno para plantear cambios en el impuesto al cheque y otras medidas de alivio fiscal para las PyMEs, luego de que una restricción para operar con cheques electrónicos a través de cuentas bursátiles volviera a exponer a las empresas al costo de los débitos y créditos bancarios.
Empresarios industriales se reunieron con el Gobierno para plantear modificaciones al impuesto al cheque, luego de que una restricción para operar con cheques electrónicos a través de cuentas bursátiles volviera a exponer a las PyMEs al costo de los débitos y créditos bancarios.
La medida, que comenzó a regir el 14 de septiembre, obliga a canalizar los fondos mediante cuentas bancarias y reavivó los cuestionamientos por una carga del 0,6% sobre los créditos y otro 0,6% sobre los débitos, en un contexto en el que las empresas señalaron problemas de liquidez, financiamiento y caída de la actividad.
Fuentes directas informaron que en el encuentro «hubo buena receptividad de Pablo Lavigne, que estaba acompañado por Daniela Ramos». Por parte de la UIA participaron Martín Rappallini, David Uriburu, Pérez Graziano, Eduardo Nougués y Laura Bermúdez. En la reunión se repasaron los temas que la entidad viene planteando en sus comunicados y declaraciones públicas de Rappallini.
El economista Damián Di Pace explicó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó la posibilidad de depositar o pagar con cheques desde cuentas bursátiles de agentes de liquidación y compensación (ALyC), una operatoria que se había generalizado desde mayo. Según el consultor, la decisión se produjo luego de que la recaudación del impuesto al cheque registrara una caída real del 9% en agosto y busca «tapar el agujero fiscal», mientras que en el sector bursátil y entre las PyMEs generó cuestionamientos por el encarecimiento de las operaciones.
Daniel Rosato, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), explicó que las empresas ahora deben depositar los cheques electrónicos en sus cuentas bancarias y posteriormente transferir el dinero al agente. Ese recorrido, sostuvo, vuelve a incorporar el impuesto al cheque y reduce los fondos disponibles para el funcionamiento diario: «Para una PyME que trabaja con márgenes mínimos, ese 0,6% sobre los créditos y otro 0,6% sobre los débitos puede definir si una operación resulta rentable o no».
Para Rosato, el problema no termina en el pago del tributo, sino en el momento en que se produce el descuento. Aunque el impuesto pueda utilizarse total o parcialmente como pago a cuenta de otras obligaciones, señaló que el dinero sale inmediatamente de la cuenta y, cuando la empresa no tiene suficientes impuestos contra los cuales computarlo, el crédito fiscal queda inmovilizado y sin actualización.
El titular de IPA planteó que una de las modificaciones necesarias sería eliminar el impuesto al cheque o permitir que pueda computarse plenamente. Su reclamo forma parte de una discusión tributaria más amplia que incluye la reformulación de Ingresos Brutos y cambios en la tasa de Seguridad e Higiene. «No se trata simplemente de eliminar impuestos sin contemplar los recursos del Estado. Hay que rediseñar el sistema tributario para que incentive la producción, la inversión y el empleo», sostuvo Rosato.
Daniel Ricardo García, abogado, magíster en Derecho Tributario y director de LexTax Advisory, puso el foco en la acumulación de cargas que enfrenta una empresa formal. Según explicó, el problema no puede reducirse a la cantidad de impuestos existentes, sino que debe contemplar «qué gravan, con qué alícuotas y cómo se superponen Nación, provincias y municipios». A los tributos se agregan tasas, derechos, aranceles y los costos administrativos necesarios para cumplir con las distintas obligaciones.
La discusión sobre el impuesto al cheque aparece, además, cuando las PyMEs enfrentan restricciones financieras. Rosato señaló que las empresas están reduciendo el uso del crédito porque las tasas y los costos adicionales son difíciles de absorber frente a ventas debilitadas y márgenes más estrechos. Algunas buscan financiarse con proveedores, pero ese mecanismo también encuentra límites porque los problemas de liquidez atraviesan a toda la cadena productiva.
La presión tributaria también puede anticiparse al ingreso efectivo del dinero de una venta. Rosato puso como ejemplo el IVA: cuando una factura todavía no fue cobrada al momento del vencimiento de la posición mensual, la empresa debe pagar igualmente el impuesto con recursos propios. A eso se suman retenciones, percepciones y descuentos que pueden generar saldos a favor cuya recuperación, según indicó, puede tardar meses y, en algunos casos, años.
Ese escenario termina repercutiendo en las decisiones empresariales. El presidente de IPA sostuvo que los plazos de pago se están extendiendo y que una PyME con recursos inmovilizados o que debe adelantar impuestos dispone de menos capital para adquirir maquinaria, aumentar su producción o contratar trabajadores. «El problema no es solamente cuánto se paga, sino también cuándo se paga y cuánto tarda el Estado en devolver o permitir compensar los fondos retenidos en exceso», afirmó.
El reclamo tiene como antecedente las propuestas que la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó la semana pasada ante la Subsecretaría PyME. La entidad planteó distintas medidas de alivio fiscal después de que representantes sectoriales y regionales expresaran preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y los costos que afectan la competitividad. Según los datos del INDEC incluidos en su comunicado, la producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y 12 de los 16 sectores del IPI registraron retrocesos.
Entre sus propuestas, la UIA pidió suspender embargos durante 180 días, reducir la tasa de financiación de ARCA para PyMEs, diferir por 180 días vencimientos de IVA para actividades estacionales, agilizar la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales y aplicar medidas sobre cargas sociales y contribuciones patronales. En materia crediticia, la entidad propuso limitar la carga tributaria sobre el financiamiento y eliminar los impuestos en las operaciones destinadas a refinanciar pasivos.
Según la UIA, la combinación de IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales incrementa en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo: una TNA de referencia del 35% pasa a un costo financiero total del 41,4%, unos 6,4 puntos porcentuales adicionales. La entidad señaló además que el crédito bancario representa apenas el 12% del PBI, frente a un promedio regional cercano al 60%.
Los planteos de IPA y la UIA confluyen en un reclamo para reducir los costos que recaen sobre el financiamiento y preservar el capital de trabajo de las empresas. En particular, Rosato propone eliminar o permitir computar plenamente el impuesto al cheque, mientras la nueva restricción sobre la operatoria mediante ALyC vuelve a colocar el tributo en el centro de las críticas empresarias por su impacto inmediato sobre la liquidez de las PyMEs.