La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la defensa y ratificó el procesamiento por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y un embargo de 30 millones de pesos. El ex funcionario permanecerá detenido hasta el juicio.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma unánime de los jueces Alejandro W. Slokar, Daniel A. Petrone y Diego G. Barroetaveña, rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Facundo Leal, ex titular de Arsat y del Orsna durante la gestión de Javier Milei. La decisión confirma su procesamiento por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y un embargo sobre sus bienes por 30 millones de pesos. De esta manera, Leal deberá esperar su juicio en prisión.
Los camaristas se ampararon en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y sostuvieron que las medidas cautelares como la prisión preventiva no constituyen una sentencia definitiva. Asimismo, remarcaron que la defensa no logró demostrar una «cuestión federal» ni un accionar arbitrario en las instancias anteriores que justificara la intervención extraordinaria de Casación. Con este fallo, la situación procesal del acusado quedó consolidada.
El abogado defensor de Leal, Marcelo Rochetti, no quiso dar declaraciones al ser consultado por este medio sobre la causa.
La investigación que derivó en su detención comenzó a partir de un robo de materiales vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica, que se encontraban en un depósito de la localidad bonaerense de San Fernando. A partir de esa pista, efectivos de la Policía Federal allanaron propiedades del entonces funcionario.
En su departamento, las autoridades secuestraron cerca de 650.000 dólares en efectivo, monedas de otros seis países y estupefacientes que incluían cocaína, ketamina y drogas sintéticas. En su residencia en la provincia de Mendoza, los agentes hallaron aproximadamente 1.700.000 dólares.
En paralelo al expediente por narcotráfico, Leal enfrenta una segunda causa judicial centrada en su paso por la función pública, específicamente por presuntas maniobras de corrupción en Arsat. La Justicia investiga un presunto esquema de retornos económicos: sospecha que, durante su gestión, la cúpula del organismo cobraba coimas a cambio de adjudicar contratos y servicios de forma directa a una empresa operadora privada, salteando los procesos competitivos y los controles de transparencia del Estado.
La prueba acumulada incluye un cruce de audios, registros y mensajes de WhatsApp que, según los investigadores, permitieron reconstruir cómo operaba esta red de complicidades. La causa se encuentra en etapa de instrucción.