Omar Manuel Ludueña, empleado de planta del bloque de la UCR, fue detenido el viernes pasado tras ser imputado por abuso sexual continuado y promoción de corrupción de menores. La causa involucra a dos hermanas de crianza. El caso se suma a la detención de José Aníbal Villarreal, exasesor del legislador Ramón Flores.
CÓRDOBA.- Un nuevo empleado de la Legislatura de Córdoba fue detenido tras ser imputado por abuso sexual continuado en concurso ideal con promoción de corrupción de menores calificada. Se trata de Omar Manuel Ludueña, quien desde 2015 es empleado de planta del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).
La detención se produjo el viernes pasado en Córdoba cuando Ludueña se presentó junto a su defensor, Mario Rey, en el Polo de la Mujer. Sobre él pesaba una orden de captura librada por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago. Previamente, había sido buscado en su domicilio sin resultado.
Las denuncias contra Ludueña datan de agosto pasado. Sus dos hermanas de crianza se presentaron en la Justicia para afirmar que habían sido abusadas. Una declaró haber sido atacada sexualmente entre los 3 y los 14 años; la otra, cuando tenía 14 años, entre 2016 y 2017.
El caso trascendió en los últimos días cuando dirigentes radicales reconocieron haber conocido las denuncias, se pusieron a disposición de las víctimas y pidieron el apartamiento de Ludueña del cargo. Antes de ser apartado, cumplía tareas con Alejandra Ferrero, titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Unicameral.
El defensor Mario Rey aseguró que su cliente es inocente y consideró que «la orden de detención es incomprensible». Planteó que el motivo es «aparentemente, por un hecho de 2017» que llegó hasta la Cámara Gesell y «como no dio ningún elemento que fuera satisfactorio para sostener una denuncia no continuó esa investigación».
La actual concejala de la UCR Elisa Caffaratti era legisladora provincial cuando en 2011 Ludueña comenzó a trabajar como colaborador suyo. En 2015 quedó incorporado como empleado de planta permanente.
Este caso se suma a otra situación conflictiva ocurrida hace poco más de un mes con el legislador del peronismo cordobés Ramón «Cañito» Flores, quien renunció a su banca el 30 de agosto pasado en medio del escándalo generado por la detención de José Aníbal Villarreal, su asesor en la legislatura. Villarreal está acusado de grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción de corrupción de menores en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba, donde hay cinco víctimas de entre 13 y 14 años.
El peronismo cordobés cruzó a la UCR por entender que aprovecharon el escándalo Flores y demoraron en reaccionar ante estas denuncias. El legislador Facundo Torres sostuvo: «Durante días algunos radicales se creyeron fiscales, jueces y dueños de la moral. Señalaron, condenaron y exigieron expulsiones, suspensiones y hasta juicio político antes de que la Justicia se pronunciara». En esa línea, agregó: «Sostuvieron una y otra vez que la responsabilidad política no terminaba en quien estuviera directamente involucrado, sino que también alcanzaba a quienes integraban sus filas y a quienes los cobijaban. Ese fue el criterio que eligieron, esa fue la vara que fijaron».