Un matrimonio propietario de una concesionaria de autos en Pilar fue detenido acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a estafar a clientes. Entre los damnificados figuran un diputado nacional y un hermano del exjugador de rugby Agustín Pichot.
La Policía detuvo a Carlos Alberto González (42) y Cynthia Chamoles (44), propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada en la Colectora Oeste de la Panamericana, kilómetro 39.5, en la localidad bonaerense de Manuel Alberti. La detención se produjo en una casa del barrio cerrado Los Condes, en Pilar, donde se les incautaron tres teléfonos celulares.
La investigación, iniciada en mayo a partir de las primeras denuncias, estableció que la pareja habría estafado al menos a 47 clientes. Según las denuncias, los compradores señalaron vehículos que nunca fueron entregados, y otros propietarios entregaron sus autos en consignación sin recibir el pago correspondiente.
Entre los damnificados se encuentra el diputado nacional Manuel Quintar (La Libertad Avanza), quien denunció haber pagado 285.000 dólares por una camioneta Tesla Cybertruck que no le fue entregada. También figura Joaquín Pichot, hermano del exjugador de rugby Agustín Pichot, quien habría entregado su camioneta Ford Ranger Raptor 3 para su venta en consignación, operación que no se concretó y el vehículo no le fue restituido.
La causa, caratulada como estafa y asociación ilícita, es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana. La orden de detención fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro.
En mayo, la Justicia había incautado de la concesionaria 19 vehículos de alta gama valuados en cerca de 1,3 millones de dólares, que se exhibían en lugares no habilitados y no estaban en regla. Tras ese allanamiento, el local permaneció cerrado y con los ventanales cubiertos.
De acuerdo con las denuncias, la organización estaría integrada por unas diez personas que utilizaban redes sociales y plataformas de venta para publicitar vehículos que nunca serían entregados o que figuraban como vendidos sin que los propietarios recibieran el dinero.
González registra un antecedente judicial: fue procesado durante 2024 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público, con un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según informó el sitio Pilar a Diario.