El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, solicitó al Congreso nacional la derogación de la Ley 24.184, que ratifica el convenio de inversiones con el Reino Unido.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, solicitó al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184. La norma, sancionada en 1992, ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre Argentina y el Reino Unido.
La propuesta fue comunicada el lunes por la noche a través de un mensaje en la cuenta de X del funcionario: «Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio».
Dachary sostuvo que derogar la Ley 24.184 es una «medida fundamental» para la política exterior argentina. «Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas #Malvinas», detalló. «Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución», concluyó.
El planteo se conoció días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional un incremento del presupuesto de Defensa para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.
El funcionario dirigió su solicitud al Poder Legislativo, al etiquetar en su publicación al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.
Contenido de la Ley 24.184
La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 y sancionado por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo, compuesto por 14 artículos, establece que ninguna de las partes puede otorgar a las inversiones de la otra un trato menos favorable que el aplicado a sus propios inversores o a los de terceros países.
El convenio garantiza a los inversores británicos la libre transferencia de ganancias y establece protección frente a expropiaciones sin compensación. En caso de disputas, contempla mecanismos de arbitraje internacional.
El acuerdo fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido después de la Guerra de Malvinas de 1982.
La Ley 24.184 establece que, en caso de denuncia del tratado, las inversiones realizadas mientras el convenio estuvo vigente continuarán amparadas por sus disposiciones durante 15 años adicionales.
El artículo 3 establece el principio de «nación más favorecida». La norma dispone: «Ninguna Parte Contratante someterá en su territorio las inversiones y las ganancias de inversores de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias de sus propios inversores o a las inversiones y ganancias de inversores de cualquier tercer Estado». Además, agrega que «ninguna Parte Contratante someterá en su territorio a los inversores de la otra Parte Contratante, en cuanto se refiere a la gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación de sus inversiones, a un trato menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a los inversores de cualquier tercer Estado».
Horas antes del mensaje de Dachary, el Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El Ejecutivo fundamentó la medida en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades realizadas sin autorización argentina en esa zona.