lunes, 7 septiembre, 2026

La Audiencia Nacional investiga la crisis migratoria en Ceuta y el gobierno construye un campamento

La Audiencia Nacional de España asumió la investigación penal sobre la llegada de migrantes a Ceuta y estableció cuatro delitos. Mientras tanto, el gobierno construye un campamento en la zona portuaria y las autoridades evalúan la situación humanitaria.

La Audiencia Nacional de España asumió la investigación penal sobre los hechos ocurridos en Ceuta vinculados con la llegada de migrantes. Según informó el periodista Marcelo Molina en la Ronda de Corresponsales por +Perfil, la investigación contempla cuatro delitos: contra la paz y la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y posible asociación u organización criminal.

Molina afirmó que la resolución judicial señala una «gestión favorecedora del proceso desde el reino de Marruecos» y que «la finalidad migratoria operaba solo como una cobertura formal».

En cuanto a la situación en las calles y playas de Ceuta, Molina indicó que «las playas y las calles tienen cada vez más gente» y que algunas ONG estiman la presencia de 20.000 personas. Señaló que los servicios básicos resultan insuficientes: «No alcanzan las raciones de comida, no alcanzan los organismos de seguridad para contener a todo eso».

El gobierno comenzó a construir un campamento en la zona portuaria con capacidad para 2.000 o 3.000 personas. Molina advirtió sobre los riesgos de esa ubicación por la cercanía con ferries e infraestructura estratégica como reservorios de combustible, infraestructura energética y la planta potabilizadora: «Si llega a haber un conflicto ahí, es muy peligroso», sostuvo.

Molina también mencionó la circulación de mensajes en redes sociales que promueven la «liberación» de Ceuta y Melilla, y describió un aumento de la preocupación entre los habitantes: «Es como una presión que cada día se pone peor».

El periodista calificó la situación como una crisis humanitaria y señaló que la repatriación debe realizarse dentro del marco legal, lo que podría demandar meses. Cuestionó la falta de información precisa: «Al día de hoy, mañana van a ser 40 días, se sigue sin saber cuánta gente hay y quiénes son».

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