Cientos de jueces de inmigración en Estados Unidos recibieron en septiembre de 2026 una capacitación obligatoria con instrucciones para reducir drásticamente los plazos otorgados a migrantes que esperan la aprobación o disponibilidad de una visa o green card antes de ser deportados.
En septiembre de 2026, jueces de inmigración en Estados Unidos participaron en una capacitación obligatoria que instruye reducir los plazos otorgados a migrantes que esperan la aprobación o disponibilidad de una visa o tarjeta de residencia (green card) antes de una posible deportación. Según materiales de capacitación del gobierno federal obtenidos por The Guardian, entre los afectados se incluyen menores víctimas de abandono o abuso y sobrevivientes de delitos graves.
La presentación virtual, titulada “Motions to Continue: Efficiently Advancing Cases to Completion” (“Mociones de continuación: avanzar los casos hacia su resolución de manera eficiente”), fue dirigida por Keith Hunsucker, juez de la Junta de Apelaciones de Inmigración, la rama de apelaciones de los tribunales migratorios. Hunsucker rechazó más del 80% de las solicitudes de asilo durante gran parte de su trayectoria en los tribunales de inmigración.
Qué son las “continuances” y su función en los tribunales migratorios
En el sistema judicial migratorio de Estados Unidos, una continuance es el aplazamiento de una audiencia o de la resolución de un caso. Los jueces pueden concederlas cuando una persona necesita tiempo para contratar representación legal, cuando su solicitud está pendiente de evaluación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), o cuando aguarda la disponibilidad de una visa ya aprobada, sujeta a cupos anuales.
Este mecanismo permite que una persona no sea deportada antes de que una agencia federal procese su solicitud. Según los materiales obtenidos por The Guardian, la capacitación apuntó a reducir ese margen, con el argumento de que algunas prórrogas se solicitan con fines dilatorios. Una diapositiva indicaba: “Las solicitudes de continuance presentadas exclusivamente con fines de demora no deben ser admitidas por los jueces de inmigración”.
Grupos vulnerables ante la nueva directriz
La capacitación identificó dos categorías de migrantes en riesgo: jóvenes que pueden calificar para la clasificación de inmigrante juvenil especial (SIJ), destinada a menores abandonados, maltratados o descuidados, y víctimas de delitos graves que buscan una visa U, mecanismo de protección para sobrevivientes de crímenes violentos que colaboran con las autoridades.
Ambas vías requieren tiempo de procesamiento. Defensores de migrantes advirtieron que una deportación puede cerrar o dificultar esas opciones, ya que algunos estatus migratorios se vuelven inaccesibles para quienes han sido expulsados del país.
La presentación también planteó que una petición de visa aprobada no debería retrasar los procedimientos de deportación si la visa aún no está disponible por cupos anuales, aunque la persona calificada fuera a recibirla en una fecha posterior no especificada.
Contexto de atraso en los tribunales de inmigración
Según los materiales de capacitación, hay alrededor de 3,2 millones de expedientes pendientes a nivel nacional. Hunsucker presentó la restricción de prórrogas como una herramienta para reducir ineficiencias y demoras evitables. Una diapositiva señaló que, cuando una parte “duerme sobre sus derechos” y no demuestra diligencia, la prórroga no está justificada.
En respuesta a una solicitud de comentario de The Guardian, un vocero del Departamento de Justicia afirmó: “Reducir el atraso en los tribunales de inmigración sigue siendo una de las principales prioridades de esta administración. El Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestro sistema migratorio al resolver los casos de manera justa, expedita y uniforme, conforme a la ley”.
Un vocero de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) afirmó que la agencia prioriza la resolución oportuna de todos los casos y que los jueces deben cumplir la legislación migratoria, reglamentos, decisiones precedentes y políticas de la EOIR. Según The Guardian, agregó que las demoras innecesarias perjudican a extranjeros con solicitudes legítimas y al público estadounidense.
Acceso a representación legal
La restricción de prórrogas afecta la posibilidad de que los migrantes tengan abogado. La capacitación indicó que los jueces podrían dar hasta 10 días para conseguir representación legal antes de continuar el caso. Una fuente anónima cuestionó ese plazo: “Pensé: ¿quién tiene tiempo de encontrar un abogado en 10 días?”.
Según el American Immigration Council, entre 2019 y 2024, casi una cuarta parte de los migrantes con representación recibió orden de deportación, contra más del 60% sin abogado. En junio, solo una quinta parte de quienes recibieron orden de deportación tenía representación.
Presión sobre abogados migratorios
La capacitación incluyó una advertencia a los abogados de inmigración: si aceptan más casos de los que pueden manejar, el juez podría remitirlos al consejo disciplinario de la EOIR para posible sanción. Críticos señalaron que esta amenaza, junto a la escasez de representación legal, agrava la situación de los migrantes más vulnerables.
Una fuente anónima citada por The Guardian dijo: “No hay espacio para ser amable; solo existe la urgencia de hacer que se vayan, de una manera u otra”.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que permite al fiscal general emitir decisiones con valor de precedente y controlar sus operaciones. Según The Guardian, esto hace que directrices como las de esta capacitación tengan alcance inmediato sobre cientos de jueces en todo el país.