La situación de la obra social de los jubilados empeoró en los últimos diez meses y eso provoca tensiones con las agencias del interior; en el Gobierno admiten en voz baja que cualquier solución llevará tiempo y alegan que es un instituto “deficitario por definición”.
La obra social de los jubilados, que alberga a 5,4 millones de afiliados, es “deficitaria por definición”, según funcionarios del Gobierno que han tenido relación con el PAMI. El instituto siempre necesitó asistencia del Tesoro, incluso durante la administración de Javier Milei, que le destinó unos 800.000 millones de pesos entre letras y aportes convencionales.
La eliminación del impuesto PAIS, que destinaba el 70% de su recaudación al PAMI y a la Anses, implicó una reducción de ingresos. Si el impuesto hubiera seguido vigente, habría suministrado este año a la obra social 2,8 billones de pesos, frente a los 1,6 billones que suman los aportes del Tesoro en 2026. Este desfase, cuya etapa más visible comenzó en noviembre pasado, fue planteado semanas atrás en una reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En esa reunión, desde el lado de Lugones se preguntó si es posible darle al PAMI un 40% más de presupuesto, y Caputo respondió que no.
Según fuentes internas, Santiago Caputo, jefe político del área de Salud, responsabiliza a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, por la ejecución del ajuste que afecta pagos a múltiples áreas. Guberman es tío segundo del ministro de Economía y depende de él en el organigrama. Un aumento del 40% del presupuesto del PAMI equivaldría al 0,44% del PBI, lo que superaría el superávit financiero del 0,3% que registra la Argentina.
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, y el subdirector, Carlos Zamparolo, estuvieron a principios del mes pasado cerca de renunciar por desacuerdos internos, pero fueron contenidos por el ministro de Salud. En el sector libertario se plantea la posibilidad de que el PAMI firme acuerdos con gobernadores para transferirles recursos y que las provincias se encarguen de la atención, similar a los acuerdos de vialidad. Ya existen acuerdos de este tipo con Chubut y Catamarca.
La pirámide poblacional también incide: el PAMI tiene 6000 afiliados de más de 100 años, y el sistema se financia con el aporte del 3% de los trabajadores activos y una suma de entre el 3% y el 5% de los jubilados según el monto del haber.
En el PAMI se registraron dos renuncias esta semana: la síndico general, María Florencia Zicavo, y el coordinador ejecutivo, Juan Cruz Montero. Ambos provenían del Ministerio de Justicia y fueron designados con el respaldo de Santiago Caputo. El reemplazo de Montero, Verónica Pérez, fue dispuesto también por Santiago Caputo.
El presupuesto del PAMI aumentó un 37,5% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 329%. Los nomencladores, que fijan la tarifa que la obra social reconoce a prestadores, aumentaron este año un 8%, frente a un IPC del 19%.
El Sanatorio de Concordia, con 15.000 pacientes afiliados al PAMI, envió una carta documento al instituto anticipando el fin de la atención a esos pacientes. Además, la semana pasada, varias clínicas y sanatorios dejaron de atender entre jueves y viernes, y una semana antes, centros de salud de Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa realizaron una medida de 24 horas.
El PAMI cuenta con 38 unidades de gestión local y más de 600 agencias en todo el país, muchas de ellas conducidas por autoridades que responden a acuerdos territoriales del espacio libertario, bajo las órdenes de Karina Milei e incluyendo a Martín y Eduardo Lule Menem. Desde el sector de Santiago Caputo se observa con desconfianza los paros en las prestaciones.