Dos organizaciones no gubernamentales presentaron una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco de la causa del ciudadano ruso Konstantin Rudnev.
Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El caso de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso imputado en una causa por presunta trata de personas en Bariloche, registró nuevas presentaciones ante organismos internacionales. Dos organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) –Citoyens en action pour la démocratie et le développement (CADD) y Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAP LC)– presentaron una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La declaración fue elevada para la sexagésima tercera sesión del Consejo, prevista en Ginebra entre el 7 de septiembre y el 9 de octubre de 2026. El documento recuerda que Rudnev se encuentra bajo arresto domiciliario en Argentina y que continúa en recuperación tras una cirugía y una hospitalización. Según el texto, las indicaciones médicas exigen reposo estricto y asistencia continua, y advierte que cualquier medida que lo devuelva a prisión podría exponerlo a riesgos.
El eje de la declaración es una crítica a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de aceptar examinar una queja presentada por la fiscalía contra la resolución que sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario. Las ONG sostienen que esa intervención resulta incompatible con lo dispuesto en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), que en sus artículos 53, 54 y 350 asigna las decisiones sobre medidas de coerción a los jueces de revisión y las excluye de la jurisdicción del Tribunal de Casación.
El documento señala que la admisión de la queja por parte de la Cámara de Casación habría habilitado una vía procesal no contemplada en el CPPF, lo que podría exponer nuevamente al imputado a la posibilidad de encarcelamiento. La defensa de Rudnev, en un recurso citado en la declaración, describe que la queja fue declarada admisible sin fundamento legal y que la resolución carece de fundamentación adecuada y no respeta garantías constitucionales y convencionales.
La declaración invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en particular los artículos 14.2 y 14.5, sobre juicio justo y revisión de condenas. Según las ONG, cuando la revisión de casación excede los límites del derecho interno, la coherencia del sistema queda comprometida.
En relación con el fiscal Fernando Arrigo, la declaración menciona que su actuación fue analizada por investigadores internacionales que concluyeron que presenta una obsesión especial hacia el imputado y el supuesto culto que lidera. Las ONG afirman que Arrigo habría asumido un rol que excede sus funciones, indicando a los jueces cómo interpretar el Código Penal. Sostienen que esa dinámica altera el equilibrio entre acusación y poder judicial.
En los párrafos finales, la declaración invita al Gobierno argentino y a las autoridades judiciales competentes a garantizar la aplicación del CPPF según sus propios términos y a respetar los límites jurisdiccionales. También solicita que los recursos no autorizados por el código no se utilicen para prolongar medidas coercitivas y que cualquier decisión sobre la situación de Rudnev considere su estado de salud.
La declaración quedará incorporada a la documentación de la sesión de septiembre-octubre del Consejo de Derechos Humanos. La defensa de Rudnev evalúa además una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.