Noemí Rabaza, vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), sancionada por Estados Unidos, declaró que los grupos de solidaridad con Cuba en ese país no están adoctrinados políticamente.
La vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Noemí Rabaza, sancionada el 20 de agosto por Washington, declaró este lunes en una entrevista a EFE que los grupos de solidaridad con la isla en Estados Unidos no están adoctrinados políticamente. Rabaza asistió al acto de bienvenida al velero Astral, de la ONG Open Arms, que transportaba siete toneladas de ayuda humanitaria.
Rabaza fue incluida en el último paquete de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, junto con el presidente del ICAP, Fernando González Llort, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez. El ICAP, como organismo, ya había sido sancionado el 4 de junio de 2026. Según Washington, el Instituto opera como una red de influencia, propaganda y subversión en territorio estadounidense.
El ICAP también figura en el informe del Departamento de Estado de EE.UU., titulado ‘Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI’, que lo acusa de operar como fachada de inteligencia para fomentar redes subversivas. El secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar las sanciones, afirmó en X: «El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos».
En respuesta, Rabaza sostuvo: «Nosotros lo que tenemos en Estados Unidos es un movimiento de solidaridad con Cuba, que surgió por encima del ICAP y de cualquier organización cubana». Describió la misión de esos grupos como una lucha contra el bloqueo que mantiene Washington sobre la isla y afirmó que es «un movimiento de paz, de amor y de voluntad de hacer».
El 1 de julio, el miembro del ICAP Carlos Antonio Lloga Domínguez fue detenido para ser expulsado, junto a su esposa y su hijo, por agentes federales de Estados Unidos, acusado de «agente subversivo».
Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, en el marco de una crisis interna en la isla y una política de «máxima presión» por parte de Washington desde inicios de 2026, que incluyó un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que afectan a empresas extranjeras. La presión estadounidense ha tenido un costo social en Cuba, con apagones que dificultan la vida cotidiana, transporte público reducido, hospitales con servicios mínimos, industria paralizada y cortes eléctricos que afectan a bancos, oficinas estatales y telecomunicaciones. Los precios se han disparado, especialmente en alimentos y medicamentos en mercados informales, y se han registrado protestas pacíficas y esporádicas.