El fiscal general Mario Villar presentará este lunes un recurso extraordinario federal para que la causa por la presunta compra de una mansión en Pilar por parte de dirigentes de la AFA vuelva al juzgado de Daniel Rafecas, en Comodoro Py.
El fiscal general Mario Villar presentará este lunes un recurso extraordinario federal para que la causa en la que se investiga la presunta compra de una mansión en Pilar por parte de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelva al juzgado de Daniel Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py. De esta manera, Villar intentará revertir la decisión del traslado del expediente a la Justicia Federal de Campana.
La disputa por la competencia judicial de la mansión de Pilar —valuada en unos 20 millones de dólares y vinculada a una presunta maniobra de lavado de activos— entrará en una fase decisiva. Villar considera que la decisión fue “arbitraria” y que, de ser confirmada, dejaría la investigación en manos del juez Adrián González Charvay, el magistrado que prefieren los abogados defensores de los supuestos testaferros que actuaron en la operación de compra, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
El caso comenzó como una investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión en el barrio privado Pilar del Este. Se transformó en un expediente complejo que involucra sociedades comerciales, financieras porteñas, estudios jurídicos y un circuito de dinero que, según la hipótesis fiscal, podría tener ramificaciones en contratos y operaciones vinculadas a la AFA, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Villar sostiene que la resolución que ordenó el traslado del caso a Campana no analizó correctamente la competencia territorial, sino que se basó únicamente en la competencia material, al considerar que el lavado de activos es un delito federal. Para el fiscal, ese criterio debería haber llevado el expediente nuevamente al juzgado federal de Daniel Rafecas, en Comodoro Py, quien ya había intervenido en etapas previas. “Si es federal, debe volver a Py”, repiten en su entorno.
La defensa de Pantano y de Conte, presuntos testaferros y titulares de la empresa Real Central SRL, celebró el traslado a Campana. Argumentan que la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde se encuentra la propiedad investigada. Villar, en cambio, sostiene que el foco debe estar en cómo se generó el dinero que permitió la compra, y no en la ubicación del inmueble. Según su planteo, el circuito financiero bajo análisis se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.
En su presentación previa, el fiscal enumeró una serie de puntos que, según la hipótesis investigada, forman parte del circuito de fondos: financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico en Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon, operaciones de Recomi SA, y un domicilio en Montevideo y Quintana donde se habría entregado efectivo. También destacó que la escritura de compraventa se firmó en un domicilio porteño y que la sede social de Real Central SRL —y de su antecesora, Central Park Drinks SRL— está radicada en la Ciudad.
El nuevo recurso de Villar también cuestionará una supuesta contradicción de la Cámara de Casación. En mayo, el tribunal había advertido que no correspondía apartar a la jueza en lo Penal Económico María Eugenia Straccia, y que abrir una contienda de competencia atentaba contra la celeridad procesal. Ahora, en cambio, el expediente fue enviado a Campana. Para el fiscal, ese giro constituye otro elemento que demuestra la “arbitrariedad” de la resolución.
Uno de los jueces de Casación, Mariano Borinsky, rechazó que haya cambiado su postura. Explicó que en su primera intervención no habilitó la discusión porque entendía que se trataba de una cuestión de trámite sin entidad federal. En la segunda, en cambio, se planteó un debate constitucional sobre el juez natural de la causa. “El delito de lavado de dinero, cuando solo se investiga ese posible delito, es federal”, afirmó. Según Borinsky, la Sala sostuvo por unanimidad que el caso debía pasar a la Justicia Federal.
Respecto de por qué el expediente no volvió a Rafecas, Borinsky argumentó que las cuestiones de competencia se dirimen entre dos opciones concretas. “Rafecas nunca reclamó el caso”, indicó. Por eso, la Cámara Federal de San Martín derivó el expediente al juzgado de Campana.
El recurso extraordinario que Villar presentará deberá ser evaluado primero por la Cámara de Casación. Si el tribunal lo admite, la causa quedará frenada hasta que se resuelva la competencia. Si lo rechaza, el fiscal acudirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia. En ese escenario, el máximo tribunal podría intervenir, aunque sin plazos definidos.