Una nueva ley rusa establece restricciones económicas, administrativas y civiles para ciudadanos rusos residentes fuera del país, según informó la relatora especial de la ONU, Mariana Katzarova.
La relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Mariana Katzarova, informó desde Ginebra sobre una nueva ley rusa que permite imponer restricciones económicas, administrativas y civiles a ciudadanos rusos que viven en el extranjero, incluyendo a críticos del gobierno y voces contrarias a la guerra.
La medida contempla la congelación de bienes, la suspensión de la renovación de pasaportes y el bloqueo del acceso a servicios bancarios, entre otras acciones. Estas restricciones se aplicarían a personas incluidas en una lista oficial elaborada por el Ministerio de Justicia de Rusia.
Katzarova señaló que la norma puede hacer insostenible la vida de los afectados fuera del país. El documento que recoge sus declaraciones describe las consecuencias como una forma de «muerte cívica» para las personas incluidas en la lista.
La legislación establece medidas restrictivas temporales para quienes, según las autoridades, estén eludiendo el cumplimiento de una sanción. El Ministerio de Justicia mantendrá una lista pública de rusos en el extranjero con condenas penales pendientes o sancionados por infracciones administrativas.
Las restricciones incluyen 14 categorías que abarcan la congelación de fondos y propiedades, la suspensión de licencias, la anulación de firmas electrónicas, la pérdida de acceso a servicios digitales del Estado, y medidas que afectan servicios consulares como la expedición de pasaportes, registro de matrimonio, cambios de nombre, conducción de vehículos, operaciones inmobiliarias, actos notariales, obtención de créditos, trabajo por cuenta propia y acceso a servicios bancarios remotos.
Katzarova advirtió que la aplicación de la ley no se limita a condenas penales, sino que también puede activarse por infracciones administrativas que considera políticamente motivadas, incluidas las relacionadas con normas sobre «agentes extranjeros», «organizaciones indeseables» y censura vinculada con la guerra, como disposiciones contra la «desacreditación de las fuerzas armadas» y las denominadas «noticias falsas sobre el ejército».
La relatora afirmó que los tribunales rusos han utilizado estas disposiciones desde 2022 para castigar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contra la guerra. También recordó que Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, se refirió a las personas afectadas como «extremistas» y «traidores a la patria».
Katzarova expresó preocupación por la falta de garantías en el procedimiento, ya que ningún tribunal decide quién es incluido en la lista y la persona afectada no es notificada ni escuchada. Además, aunque las restricciones son calificadas como «temporales», la legislación no establece un límite de tiempo para su aplicación.
La experta sostuvo que la legislación supone un castigo masivo contra críticos del gobierno y voces contrarias a la guerra, diseñado para hacer insostenible su vida fuera de Rusia. Las personas afectadas conservarían las obligaciones derivadas de la ciudadanía, pero perderían parte de los derechos y servicios asociados, quedando en una situación que describió como «apátrida de facto».
Katzarova pidió a las autoridades rusas derogar la nueva legislación y anular condenas dictadas en ausencia de los acusados en casos políticamente motivados. También recomendó a otros Estados considerar la ley como una forma de represión transnacional y garantizar que los ciudadanos rusos en situación de riesgo puedan obtener y renovar documentos de identidad y viaje, regularizar su residencia y conservar el acceso al empleo y servicios bancarios.
Finalmente, solicitó que estas personas no sean devueltas por la fuerza a Rusia y que otros Estados no den efecto jurídico a las designaciones realizadas al amparo de la nueva legislación. Concluyó que la protección plena de los críticos del gobierno, defensores de derechos humanos y voces contra la guerra en el exilio es fundamental para la supervivencia de la sociedad civil rusa.