La Unión Industrial Argentina propone multas y caducidad de beneficios para asegurar que el 20% de las inversiones se destine a bienes nacionales.
La Unión Industrial Argentina (UIA) presentará ante el Senado una serie de modificaciones al proyecto de ley conocido como Súper RIGI, que busca otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores como data centers, semiconductores e infraestructura digital. La entidad industrial propone incorporar sanciones ante el incumplimiento de la cuota de compre local del 20%.
Según un borrador al que accedió PERFIL, la UIA plantea multas de entre 5% y 15% sobre el monto pendiente de pago a proveedores, así como la caducidad de los beneficios impositivos asociados a las importaciones en caso de que un Vehículo de Proyecto Único (CPU) no cumpla con la adquisición de bienes de producción nacional.
“En la actualidad, la falta de sanciones en el RIGI produjo grandes controversias y vacíos. Por este motivo, sugerimos incorporar la caducidad de los beneficios impositivos asociados a las importaciones en caso de incumplimiento del compromiso específico de orientar el 20% de la inversión a bienes de producción nacional”, sostuvo la UIA en el texto que presentará en las comisiones que tratarán el proyecto este miércoles.
La propuesta industrial también busca que la cuota del 20% se destine exclusivamente a la compra de productos argentinos, eliminando la opción de que ese cupo pueda cubrir servicios y obras. La UIA argumenta que en el RIGI vigente, la contratación de servicios logísticos y de obra suele absorber la totalidad de la cuota exigida.
“Los bienes industriales, por ser transables, pueden ser sustituidos por bienes importados y esta característica es la que promueve que los países adopten y desarrollen programas de desarrollo de proveedores”, indicó la entidad.
Además, la UIA solicita que se definan “reglas claras que verifiquen la disponibilidad de oferta nacional en precio y calidad, así como las posibilidades de respuesta local”, para evitar que los proyectos justifiquen la importación de bienes por calidad y precio de manera amplia.
También exige un régimen de contratación que incluya la publicación de los requerimientos técnicos con 30 días de anticipación y que prohíba especificaciones diseñadas para bloquear a proveedores locales. No se podrá exigir que las firmas extranjeras vinculadas al adquirente sean las únicas proveedoras, salvo excepciones de extrema necesidad tecnológica.
“Un régimen concebido para inversiones de magnitud extraordinaria debería aprovechar esa escala como palanca para el desarrollo de las capacidades productivas, técnicas y de provisión nacionales, traccionando la efectiva integración a la cadena de valor”, afirmó la UIA.
La entidad basa su reclamo en un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), que indicó que de los USD 238 millones importados por proyectos inscriptos en el RIGI, el 87% correspondió a productos metalúrgicos, mayormente provenientes de China.