El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que actualiza el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) y criminaliza la simulación de menores en material sexual mediante inteligencia artificial, además de ampliar penas y facultar patrullaje virtual.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una nueva ley que introduce un paquete de medidas para enfrentar y reprimir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en los delitos cometidos en internet y los generados mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).
La norma actualiza el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) y criminaliza expresamente la simulación de la participación de un menor en material sexual por montaje, adulteración o “deepfake”, incluso cuando dicho contenido sea producido mediante IA. La sanción alcanza desde quien accede o visualiza el material hasta el creador, administrador o quien hospede o modere un sitio web, chat o foro destinados a ese tipo de contenidos.
Además, el concepto de material de violencia sexual se amplía e incluye todo contenido real o ficticio generado por IA y situaciones de connotación sexual, aun cuando no haya exposición de los órganos genitales. La ley endurece los procesos judiciales relacionados con estos delitos: se incrementan las penas y se reclasifican como delitos graves.
Entre las conductas perseguidas se encuentra el uso de herramientas que dificultan la identificación del autor en la red, como programas proxy que ocultan direcciones IP. Para facilitar la investigación, agentes policiales quedan autorizados a realizar patrullaje virtual de seguridad electrónica para recopilar archivos disponibles en entornos digitales públicos —foros, canales y redes sociales— sin menoscabar la cadena de custodia probatoria exigida por la ley.
La ley también prevé medidas de reparación y protección para las víctimas: las niñas, los niños y las víctimas adolescentes o testigos tienen garantizada atención psicológica y psicosocial continua y especializada, con el objetivo de mitigar la revictimización causada por la circulación del material en el entorno digital.
En un paso orientado a la cobertura de costos de atención, los abusadores y las redes de explotación sexual de menores estarán obligados a cubrir integralmente los costos del tratamiento de la víctima, con reembolso al Sistema Único de Salud por los servicios prestados.
En síntesis, la nueva normativa brasileña busca adaptarse a los desafíos tecnológicos actuales, combinando endurecimiento punitivo, herramientas de investigación digital y medidas de protección y reparación para las víctimas, en particular frente a la utilización de IA en la producción y difusión de material sexual que involucre a menores.