El querellante Martín Romeo presentó un escrito ante la Cámara Federal para revocar la resolución que cuestionó su legitimación en la causa $LIBRA, y sostuvo que existió una maniobra planificada para defraudar inversores.
El querellante Martín Romeo presentó un memorial escrito ante la Cámara Federal en el marco de la causa que investiga el caso $LIBRA, en el que solicitó revocar la resolución que cuestionó su legitimación para intervenir en el expediente. La apelación fue presentada por su abogado, Nicolás Oszust, y deberá ser resuelta por la Sala I de la Cámara Federal.
En el escrito, Romeo rechazó que el hecho pueda ser interpretado como una consecuencia del riesgo propio de una memecoin y sostuvo que existió una maniobra planificada para defraudar a los inversores. Entre los agravios, criticó la resolución apelada por considerar que «confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado».
Según el querellante, «esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las ‘condiciones del mercado'». El memorial afirma que la operatoria habría consistido en la construcción de una «calidad simulada» y una «apariencia de empresa» que habría contado con la utilización de la figura presidencial como generadora de confianza. Además, sostiene que «el colapso de $LIBRA no fue una ‘volatilidad del mercado’; fue un Rug Pull pre-programado» y que «22 segundos antes de que se publicara el tuit presidencial» se habrían realizado compras masivas mediante billeteras controladas por los imputados utilizando información privilegiada.
Romeo también cuestionó la afirmación del juez Marcelo Martínez De Giorgi de que la querella solo aportó enlaces («links») para acreditar la titularidad de los activos virtuales. El querellante respondió que esa afirmación «es rotundamente falsa» y recordó que incorporó al expediente actas notariales que certifican la titularidad de sus billeteras virtuales y las operaciones efectuadas con la criptomoneda. «Negar la legitimación de mi asistido afirmando que solo aportó ‘links’ implica desconocer la existencia de prueba documental válidamente introducida en el legajo», sostiene el escrito.
El memorial también cuestiona el criterio utilizado respecto de la tecnología blockchain. Según Romeo, exigir documentación sobre el origen de los fondos para reconocer la calidad de víctima constituye «una aberración procesal que invierte la carga de la prueba y victimiza doblemente al damnificado». A su entender, esa interpretación «opera como una barrera artificial y arbitraria diseñada para expulsarnos del expediente».
En otro tramo, el querellante sostiene que el juez desconoció una decisión previa de la Cámara Federal que ya había reconocido la legitimación de las querellas. Afirma que no surgió ninguna prueba nueva que desvirtúe su condición de damnificado y que, por el contrario, «los informes de la UFECI y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento».
Finalmente, Romeo introdujo una reserva del caso federal y anticipó que, si la Cámara confirma la resolución, acudirá a la Corte Suprema mediante recurso extraordinario. En el escrito sostiene que la decisión recurrida resulta «nula y arbitraria» por afectar el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La Cámara Federal porteña había fijado fecha para el 10 de agosto próximo para la audiencia para escuchar a los damnificados. Romeo presentó sus argumentos por escrito. En la causa se investiga una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei.
La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y permite que las víctimas continúen participando activamente en la causa como querellantes. Durante la investigación hubo un cambio de sala (primero intervino la Sala II) debido a distintas cuestiones procesales relacionadas con el cambio de magistrados. Los querellantes habían sido confirmados en su momento. Luego el caso pasó a la Sala I, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La Sala está en proceso de renovación respecto de Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que habían sido trasladados a ese tribunal durante el macrismo. Bertuzzi continuaría en la sala, ya que el gobierno envió su pliego al Congreso para convertirlo en titular en ese tribunal. El juez Bertuzzi había sido trasladado a la Cámara Federal junto a Bruglia por el macrismo en 2018. Bertuzzi es uno de los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura de la Nación envió al Gobierno para concretar la designación definitiva, junto a la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio. El presidente Javier Milei eligió a Bertuzzi y ya envió su pliego, junto al de Pablo Yadarola, al Senado. En tanto, Bruglia presentó un reclamo ante la CIDH para continuar en el cargo. Este sería reemplazado en la Sala I por Yadarola.
Si para después del 10 de agosto no se da el recambio, el reclamo de los querellantes podría ser resuelto por la Sala con la actual composición. La Cámara Federal es un tribunal clave que revisa decisiones sensibles vinculadas a casos de corrupción, y la Sala I debe resolver todo lo que concierne a la causa Libra.