El periodista Eduardo Feinmann publicó en su cuenta de X un video de una protesta con cinco personas en la intersección de Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, mientras la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El periodista Eduardo Feinmann compartió en su cuenta de la red social X un video grabado desde un celular en la intersección de Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde se observa a cinco personas con una bandera de «Cristina libre» durante el cruce peatonal. En la publicación, Feinmann acompañó el video con la expresión «Jajajaajaja».
La manifestación se produjo en el marco del reclamo por la liberación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La defensa de la ex mandataria presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mecanismo previsto por el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El escrito, elaborado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, sostiene que el proceso judicial que derivó en la condena estuvo atravesado por irregularidades que afectaron garantías del debido proceso, la imparcialidad judicial y el derecho de Cristina Kirchner a participar en la vida política. La defensa argumenta que se violaron artículos del Pacto, entre ellos el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, la presunción de inocencia y el derecho a ser elegido en elecciones libres.
El documento afirma que la investigación y el juicio oral constituyeron una manifestación de «lawfare», concepto que describe el uso coordinado de herramientas judiciales, mediáticas y políticas para neutralizar dirigentes. Además, cuestiona la imparcialidad de algunos magistrados del Tribunal Oral Federal N.º 2 y la valoración de la prueba, al sostener que no se acreditó que la ex presidenta hubiera impartido órdenes para direccionar licitaciones públicas.
La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU busca que el organismo determine si el Estado argentino incumplió obligaciones internacionales. El Comité no revisa responsabilidades penales ni anula condenas nacionales; su función es emitir observaciones y recomendaciones en caso de concluir que existió una violación.