El presidente Javier Milei presentará mañana un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del BCRA, con foco en la independencia del organismo y la prohibición de financiamiento al Estado.
Mañana, jueves 30 de julio, el presidente Javier Milei presentará por cadena nacional el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa será enviada al Congreso con la intención de que ingrese por el Senado para comenzar su tratamiento legislativo.
El proyecto fue redactado de manera conjunta por los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, encabezados por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente, junto con el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Desde el Gobierno aseguran que la reforma apunta a blindar el programa económico, reforzar la independencia de la autoridad monetaria y cerrar la puerta a que futuras administraciones utilicen al Banco Central para financiar el gasto público. Con esto se eliminarían una serie de cambios y normativas que entraron en vigencia a partir de la última reforma de la Carta, en el año 2012 bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
Los principales puntos de la reforma
Milei adelantó que la nueva Carta Orgánica estará estructurada sobre cinco modificaciones centrales. Según expresó, la iniciativa buscará “poner fin a 91 años de historia” y modificar de raíz el funcionamiento de la autoridad monetaria.
El primer cambio será redefinir el mandato principal del Banco Central. El Gobierno pretende eliminar los cinco objetivos incorporados en la Carta Orgánica vigente y establecer que la misión fundamental del organismo sea preservar el valor de la moneda. De acuerdo con la explicación presidencial, esta modificación parte de considerar que la inflación es un fenómeno monetario provocado por un exceso de oferta de dinero.
La segunda modificación será la prohibición taxativa de financiar al Estado. La restricción alcanzará al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, e incluirá la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario. El proyecto limitará o prohibirá tanto el financiamiento directo como el indirecto del Banco Central al Tesoro, restringiendo adelantos transitorios, transferencia de utilidades contables y la utilización de instrumentos como las Letras Intransferibles.
Otro de los puntos centrales será reforzar la estabilidad de las autoridades del Banco Central frente a los cambios políticos. Si bien se mantendría el actual mecanismo de designación del presidente y de los integrantes del Directorio, la remoción pasaría a requerir una mayoría agravada: el respaldo de dos tercios de la Cámara de Senadores y de dos tercios de la Cámara de Diputados. Actualmente, la remoción no requiere la aprobación de ambas cámaras con esa mayoría.
La cuarta modificación estará relacionada con la distribución de los resultados obtenidos por el organismo. El proyecto restringirá el pago de dividendos originados en los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. Los resultados vinculados con el manejo de la cartera del Banco Central solamente podrán ser transferidos al Tesoro Nacional para cancelar deuda pública y no para financiar gastos corrientes.
El quinto punto será la eliminación de distintas modificaciones introducidas en la Carta Orgánica de 2012. El Gobierno también buscará terminar con el mecanismo de las Letras Intransferibles, títulos que el Tesoro entrega al Banco Central principalmente a cambio de reservas internacionales utilizadas para pagar deuda.
En términos operativos, la reforma buscará diferenciar tres funciones: preservar el valor de la moneda, contribuir a la estabilidad financiera y regular el sistema bancario. La intención del Gobierno es evitar que esas atribuciones se mezclen con el financiamiento de las cuentas públicas.
La reforma forma parte, además, de los compromisos asumidos por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la segunda revisión del programa, el organismo sostuvo que, una vez consolidada la estabilización macroeconómica, sería necesario avanzar con cambios legales más amplios en la Carta Orgánica. La vocera del organismo, Julie Kozack, respaldó recientemente la intención del Gobierno y afirmó que una reforma de este tipo permitiría fortalecer las salvaguardas institucionales.
Matías Rimoldi, economista de Fundación Libertad, comentó respecto a la reforma: «Es una discusión que excede lo coyuntural: los países emergentes, como Argentina, suelen padecer de instituciones fiscales, financieras y monetarias débiles, lo cual los hace altamente vulnerables a crisis cambiarias, alta inflación, entre otros flagelos. Muchas veces el debate en países de alta inflación gira en torno a la elección de regímenes cambiarios como tipo de cambio fijo o flotante, pero en realidad, la clave del éxito macroeconómico principalmente en mercados emergentes no es el régimen cambiario, sino la salud y solidez de sus instituciones fundamentales».
La reforma de la Carta Orgánica del 2012
La reforma que ahora busca modificar el Gobierno fue aprobada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner mediante la Ley 26.739, sancionada en marzo de 2012. La norma modificó tanto la Carta Orgánica del Banco Central como distintos artículos de la Ley de Convertibilidad. Uno de los principales cambios fue la ampliación de los objetivos del organismo, que pasó de preservar el valor de la moneda a promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. También se flexibilizaron los mecanismos de asistencia al Tesoro y se eliminó la obligación de que las reservas internacionales respaldaran la totalidad de la base monetaria.