A dos décadas de la sanción de la Ley 26.150, la norma registra avances en prevención de abusos y reducción del embarazo adolescente, pero enfrenta cuestionamientos de sectores políticos y sociales. El Gobierno nacional no tiene una estrategia concreta para reformarla.
Entre el 70% y el 80% de niñas, niños y adolescentes identificaron situaciones de abuso gracias a contenidos trabajados en la escuela, según informes de Unicef y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. La tasa de embarazo adolescente cayó un 49% entre 2014 y 2020. La mitad de los estudiantes afirmó haber podido reconocer situaciones de violencia entre pares.
La Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006, establece el derecho de todos los estudiantes de los tres niveles de escolaridad a recibir información “actualizada y científicamente validada” sobre sexualidad. Los contenidos abarcan desde anatomía humana hasta prevención de enfermedades de transmisión sexual y respeto a la diversidad. La implementación no requiere autorización de los adultos responsables.
La norma tuvo dos momentos centrales: su sanción en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, con resistencias de sectores religiosos y conservadores; y a partir de 2018, cuando en el contexto del debate por la legalización del aborto se incorporaron contenidos sobre perspectiva de género, diversidad sexual y consentimiento. Desde entonces, se aprobaron leyes como la de Identidad de Género (2012), Paridad de Género, Cupo Laboral Travesti-Trans y la Ley Micaela.
Graciela Morgade, doctora en Educación, afirmó que la ESI “tiene perspectiva integral para toda la vida y un alcance mucho mayor”. Alejandra Doretti, psiquiatra infantil, señaló que “los niños dicen que no deben callarse ni aceptar ningún contacto que les resulte inadecuado”.
Entre los detractores, Graciela Spinelli, presidenta de “Padres Unidos contra la ideología de género en la escuela”, sostuvo que los contenidos “legitiman un diálogo que los chicos deberían tener en las casas”. Ezequiel Baigorria, psicólogo clínico, consideró que “la ESI no protege a los niños: derriba defensas internas, banaliza la intimidad”.
Según el Boletín N.º 42 de Respuesta al VIH y las ITS (diciembre de 2025), se notificaron 3134 casos de gonorrea, 3101 de clamidia y 36.917 de sífilis. Hubo 6900 casos de VIH entre 2023 y 2024. Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, indicó que “solo el 30% de las personas sexualmente activas usaron profiláctico” y que el problema “tiene muchas dimensiones”.
En febrero de 2025, el Gobierno prohibió los tratamientos de hormonización y cirugías de adecuación corporal para menores de 18 años. A fines de julio de 2026, la Justicia Federal suspendió cautelarmente esa medida tras una apelación de la Federación Argentina LGBT+. El Estado tiene hasta el 10 de agosto para presentar un recurso extraordinario.
Según datos del Renaper, desde 2012 se registraron 20.804 trámites de rectificación registral: 10.618 a femenino, 8049 a masculino y 2137 a no binario. En hospitales nacionales se realizaron 909 tratamientos de terapia hormonal y 42 cirugías de reasignación de género entre 2015 y 2026.
El presidente Javier Milei calificó la ESI de “ataque directo contra las familias”. La diputada nacional Patricia Vázquez (LLA) anticipó un proyecto para modificar la ley y limitar sus objetivos a la prevención de abusos y embarazos no deseados. Sin embargo, fuentes del Gobierno afirmaron que no existe una estrategia concreta para impulsar una reforma integral en el corto plazo.