La Audiencia de Valladolid impuso penas que superan los 20 años de cárcel a María Ángela P.C. y Javier R.A. por su participación en una red de prostitución que operaba en un piso de la ciudad, donde mujeres paraguayas eran explotadas sexualmente.
La Audiencia de Valladolid ha condenado a penas que suman más de 20 años de prisión a María Ángela P.C, alias ‘Vanessa’, y a Javier R.A, quienes fueron acusados de constituir un entramado criminal que prostituía a mujeres traídas desde Paraguay en un piso de Valladolid, donde, según denunciaron las víctimas, soportaban duras condiciones de trabajo y estaban a disposición de los clientes las ’24 horas del día’.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal considera a la primera autora de dos delitos de prostitución coactiva, un delito de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud y un delito de grupo criminal, con una pena global aparejada para ella de doce años y ocho meses de cárcel –el fiscal le había pedido 25 años–, multa de 8.400 euros y libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la pena de cárcel.
Por su parte, Javier R.A, expareja de la presunta líder de la organización, la ciudadana paraguaya Lorenza C.P, quien ni siquiera ocupó banquillo por encontrarse en paradero desconocido, ha sido hallado autor de un delito de tráfico de drogas, otro de blanqueo y un tercero de pertenencia a grupo criminal, lo que ha llevado a la Audiencia vallisoletana a imponerle una condena global de siete años y medio de privación de libertad –se exponía a ocho años de prisión– y el pago de una multa de 885 euros.
Por contra, las otras dos personas que también habían sido acusadas, Mirta Graciela G. y Hugo Javier A.A., a quienes la acusación pública había pedido dieciocho años y nueve años y ocho meses de cárcel, respectivamente, han quedado absueltas de los cargos imputados.
El fiscal del caso entendía que los cuatro acusados se valieron de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, quienes atravesaban por una complicada situación económica en su país, para lograr su desplazamiento hasta España y finalmente hasta Valladolid para ejercer la prostitución, destino que la práctica totalidad de ellas sabía de antemano pero ni mucho menos las extremas condiciones laborales a las que se verían sometidas.
Se refería así a la disponibilidad de las víctimas las ’24 horas del día’, como así todas confirmaron, y a la obligación de estar siempre preparadas, ‘vestidas y maquilladas’, ante cualquier cliente que, además, ni podían rechazar ni tampoco los servicios demandados, incluso en ocasiones cuando se encontraban enfermas o con el periodo, hasta saldar la deuda contraída por el viaje que la principal encausada, la ausente Lorenza C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, a la que se sitúa actualmente en Brasil, había abonado.
En esa tarea, el fiscal situó en un segundo escalón a su prima María Ángela P.G, Vanessa, de quien todas las chicas explicaron que era la que de facto controlaba la actividad en el piso de la Avenida de Burgos, tanto en labores de recibir a los clientes como de encargarse del cobro de las cantidades que o bien en metálico o bien por tarjeta, con el uso de un datáfono, abonaban los clientes para engordar las cuentas de Lorenza, con beneficios documentados de más de 186.000 euros.
Pero además, de entre los distintos delitos imputados a los presuntos implicados, la acusación pública incluyó el de tráfico de drogas que las víctimas han asegurado que se practicaba en el inmueble como un servicio adicional, algo que los clientes, utilizando un código pactado, denominaban ‘fiesta blanca’, el ‘caramelo’, el ‘postre’ o el ‘tema’.
Aunque ninguna de las jóvenes identificó al proveedor de la mercancía, ya que siempre la llevaba un varón ‘alto y moreno con la cabeza tapada’, el fiscal sostenía que el novio de Lorenza, Javier R.A, era quien se encargaba de este cometido, mientras que respecto de Mirta Graciela y Hugo Javier, entendió acreditado que la primera se dedicó a la captación de numerosas víctimas, incluso familiares directos, y que el segundo participó en al menos la llegada a España de una víctima.
De entre las versiones de los hechos ofrecidas por los acusados, destaca el de María Ángeles, ‘Vanessa’, quien se presentó al tribunal como una víctima más tras asegurar que ella también llegó a España por mediación de su prima, la jefa, y fue prostituida en el mismo piso que el resto de mujeres.
‘Yo era una chica más en el piso. Llegué porque en mi país tenía muchas deudas y viajé a España con los 3.000 euros que me prestó mi prima’, explicó ‘Vanessa’, quien relató que a partir de entonces, el 20 de septiembre de 2021, comenzó a vender su cuerpo en el piso para saldar la deuda con su supuesta benefactora. Al igual que el resto, del total percibido por los servicios, un 50 por ciento se lo quedaba su prima y la otra mitad para zanjar la deuda, con lo que le quedaba una mínima cantidad para poder comer.
Sin embargo, a raíz de que Lorenza ‘comenzó a sospechar que pudiera estar bajo investigación’, Vanessa empezó a recibir cada vez más protagonismo en cuanto al control del piso por indicaciones de la verdadera dueña del negocio. ‘Me prostituía al igual que el resto pero, además, mi prima cada vez me exigía más trabajos’, hasta incluso encargarse también de la limpieza del inmueble y de otros cometidos, pero sin remuneración a mayores. ‘¡Yo era una más en el piso. Éramos un conjunto de amigas que nos ayudábamos para poder trabajar!’, enfatizó la acusada, quien insistió en que no contaba con privilegio alguno.
De hecho, la acusada se desmarcó de su prima, de la que aseguró que no había vuelto a tener noticias y a la que censuró porque tras la detención de ambas, Lorenza pudo contratar un abogado de pago mientras que ella estuvo asistida en todo momento por un letrado de oficio. También explicó que mandó dinero a Paraguay, cerca de 16.000 euros, para aliviar la penosa situación económica de su marido e hijos y, tras declararse ‘inocente’, aseguró que hoy vive en Barcelona al cuidado de una anciana y espera poder volver a reunirse en su país con su familia. ‘Mi prima me ha abandonado, mientras que yo doy la cara ante la Justicia’, concluyó.
Por su parte, el que fuera compañero sentimental de Lorenza, Javier R.A, trabajador desde hace 16 años en Valladolid de una distribuidora de libros, alegó que nunca participó en la actividad de su pareja y también negó que fuera el encargado de suministrar droga al inmueble. Sí se reconoció toxicómano y expuso los graves problemas que ello le generaba, hasta el punto de que Lorenza, para evitar que se gastara el sueldo en el vicio, retiraba cada mes de su cuenta bancaria la totalidad del ingreso efectuado por la impresora de libros para la que trabajaba.
‘Era Lorenza la que me facilitaba la droga, dos gramos por semana, en lugar de los dos que llegué a consumir cada día. De esta forma, estábamos todos felices’, declaró Javier, que en este contexto justificó que la droga que la policía intervino en el domicilio conyugal era para su autoconsumo y el de su pareja.
También se declararon inocentes Hugo Javier, quien trabaja en el sector de la logística para una empresa de paquetería, y Mirta Graciela, pese a que al primero se le impute la captación de una joven y a la segunda la llegada a España de su propia hija, dos hermanas y dos sobrinas.
En el caso del primero, el tribunal apunta que la víctima a la que habría captado en Paraguay no ha llegado a declarar en el juicio, ‘con lo cual el posible contenido incriminatorio de su declaración no sirve como fundamento para una condena’, mientras que con respecto a Mirta advierte que la declaración incriminatoria contra ella de una víctima, como prueba constituida, ha sido declarada nula y que el resto de indicios sólo acredita una relación con víctimas de trata de seres humanos, ‘si bien resulta que son familiares de ella, luego tampoco es extraño que exista contacto con aquellas’.