El diputado y dirigente social Juan Grabois presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal contra la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que apartó a los querellantes de la investigación por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $Libra.
En el marco de la causa $Libra, el diputado y dirigente social Juan Grabois presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal sobre la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió apartar a los querellantes de la causa por la presunta estafa de la criptomoneda. La resolución respondió a un pedido de la defensa de Mauricio Novelli, uno de los acusados.
De Giorgi apartó a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes intervenían en la causa como presuntos damnificados y divididos en dos grupos, uno de ellos representado por el abogado Grabois.
En ese sentido, la presentación del letrado sostiene que “la prueba reunida en la causa desmiente la premisa fáctica de la que parte la resolución recurrida”. “No se trata, entonces, de un caso dudoso en el que deba dirimirse si la baja de cotización de un activo digital constituye o no un daño resarcible. Se trata de una hipótesis delictiva grave, con prueba concreta de ardid, de acceso privilegiado a información reservada y de extracción coordinada de fondos” y, en consecuencia, “no puede ser prejuzgada para excluir a las víctimas del proceso”, agregó.
Además, la presentación señala que “privar a las víctimas de su rol de querellantes no solo desconoce derechos individuales, sino que despoja a esta investigación de sus impulsores más activos, dejándola librada exclusivamente a una actuación fiscal que hasta el momento no ha demostrado la diligencia que el caso amerita”. Asimismo, añade que “excluir a las querellas en esta instancia del proceso equivaldría, en los hechos, a consolidar precisamente el vacío de control que la intervención de las víctimas como parte querellante está destinada a cubrir”.
Por otra parte, la presentación de Grabois se suma a la del abogado Nicolás Oszust, defensor de Martín Romeo, quien planteó que “la Cámara ya había confirmado la ‘legitimación procesal’ de los querellantes para ejercer ese rol, que permite impulsar acciones en la causa a las constancias de la causa”. Ahora debe resolver la Cámara Federal.
En ese marco, Oszust aseguró que el juez se basó en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos, ignoró prueba documental dirimente (actas notariales) obrante en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la tecnología blockchain y tergiversó sentencias anteriores de la Cámara. El letrado subrayó que la resolución del juez “causa un gravamen irreparable” a su defendido.
Cabe recordar que el viernes 3 de julio, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes de la causa respondiendo al pedido de Novelli del mes pasado, quien argumentó que no existía una estafa alrededor del token que promocionó el presidente Javier Milei en sus redes y que, pocos minutos después, se desplomó.
Como consecuencia de esa decisión, la medida excluyó como querellantes a los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, nucleados en dos querellas distintas. Sin ese acceso, la investigación recae únicamente en las tareas del fiscal Eduardo Taiano, quien fuera criticado en su accionar por las demoras para tomar medidas de prueba. En un año y medio, todavía no llamó a declarar a ninguno de los involucrados.
Para justificar esa decisión, el juez consideró en su escrito que $Libra es una memecoin, es decir, una criptomoneda elaborada a modo de broma y con alta volatilidad; además, sostuvo que las pérdidas de los inversores están vinculadas a los riesgos inherentes al propio mercado antes que a un delito. De esta manera, la decisión del juez debilitó el planteo de estafa detrás del lanzamiento de $LIBRA, que es la principal hipótesis que sostienen los damnificados.
Además, el juez dijo que, de acuerdo con la naturaleza anónima de las criptomonedas de la red Solana, que fue la red que se utilizó para crear $Libra, los querellantes no pudieron dar cuenta de manera fehaciente de que eran los dueños de las billeteras virtuales que fueron utilizadas, así como tampoco del origen de los fondos. Esto llevó a que no se pueda demostrar la pérdida por delito.
En este punto, el juez dijo que “las constancias aportadas resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad”. Con este argumento fue que también antes había rechazado el pedido de inclusión de otros dos damnificados, oriundos de Bielorrusia, quienes también se presentaron mediante una de las querellas para reclamar como víctimas de $LIBRA.