Los 15 integrantes de la Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos, deportados en el aeropuerto de La Paz, pidieron una reunión urgente con el canciller Pablo Quirno para entregar documentación que, según afirmaron, desmiente las inconsistencias señaladas por la Cancillería argentina.
Buenos Aires, 18 junio (NA) – Los 15 integrantes de la Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos que fueron deportados en el aeropuerto de La Paz cuando intentaban ingresar a Bolivia le exigieron al canciller Pablo Quirno una audiencia urgente con el objetivo de entregarle la documentación que desmiente las supuestas “inconsistencias” mencionadas en el comunicado oficial emitido por el Palacio San Martín.
La comitiva, que fue expulsada de Bolivia tras permanecer retenida durante siete horas en el aeropuerto de La Paz, calificó de “falsas” las afirmaciones del ministro en redes sociales y le reclamó que “acepte tener una reunión como corresponde” en lugar de avalar la expulsión dispuesta por la administración boliviana de Rodrigo Paz Pereira.
El lunes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresó a través de un comunicado en las redes sociales que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas” por la Misión Humanitaria argentina a Bolivia, conformada por legisladores, diputados y referentes políticos, sociales y de derechos humanos argentinos.
En el escrito, sostuvo que el gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira ejerció sus “facultades soberanas” para deportar a sus integrantes, entre los que se encontraban el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino y la legisladora porteña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi.
“Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas en redes sociales, trabajar y aceptar tener una reunión como corresponde”, indicaron los integrantes de la Misión en un comunicado.
“Lo que sí ocurrió, cuando arribamos a La Paz, es que nos retuvieron durante horas en el área de Migraciones. Retuvieron nuestros documentos. Pretendieron hacernos ingresar intempestivamente a una sala denominada ‘Sala Inadmitidos’. A esa sala llevaron por la fuerza a uno de los miembros de nuestra Misión, donde lo mantuvieron incomunicado: por nuestros reclamos finalmente fue liberado y retornó a la Argentina junto al conjunto de la delegación”, relataron.
También denunciaron que las autoridades migratorias bolivianas “se negaron a esperar la llegada de los funcionarios del Consulado Argentino al Aeropuerto de La Paz, para que pudieran ejercer la representación consular que les corresponde ante vulneraciones a derechos de ciudadanos argentinos en territorio boliviano”.
“Hicieron uso de la fuerza para hacernos subir a un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, sin habernos entregado hasta ese momento nuestros documentos. Toda esta situación duró aproximadamente 7 horas. Ninguno de estos atropellos ameritó comentario de repudio por parte del canciller, que debería bregar por los derechos de los ciudadanos argentinos alrededor del mundo”, ampliaron.
Sobre los tratos recibidos en el aeropuerto y la deportación final, acusaron al gobierno de Rodrigo Paz Pereira de tomar una “decisión política” para ocultar la severa crisis social que atraviesa Bolivia.
La expulsión de la comitiva argentina coincide con un escenario de máxima tensión civil en el país vecino, donde diversas agrupaciones sindicales alertan sobre el riesgo inminente de que el Poder Ejecutivo dicte el “Estado de Excepción”. La preocupación aumentó tras la promulgación de la Ley 1740 el pasado 8 de junio, normativa que faculta el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir las protestas y desbloquear rutas.
Para fundamentar la necesidad de la veeduría internacional, la delegación citó cifras oficiales de la propia Defensoría del Pueblo de Bolivia recogidas hasta el 8 de junio, que reportaron diez personas fallecidas en poco más de un mes de conflicto, 37 ciudadanos heridos en el marco de manifestaciones y 365 civiles arrestados por las fuerzas de seguridad. Organizaciones campesinas elevan el balance de víctimas a 8 asesinatos adicionales y denuncian presuntos secuestros ejecutados por grupos civiles armados.
Ante las afirmaciones de Quirno sobre supuestas “inconsistencias” en la documentación de los miembros de la delegación, los activistas y legisladores argentinos aseguraron contar con pruebas contundentes que demuestran lo contrario, como por ejemplo la aprobación del ingreso por parte de Migraciones del Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde la comitiva realizó una escala en su viaje a La Paz. Además, la delegación declaró explícitamente que viajaba en carácter de Misión de Derechos Humanos y detalló su itinerario completo de llegada y retorno.
Asimismo, días antes del viaje, la comitiva entregó una nota formal ante la Embajada de Bolivia en Argentina detallando los objetivos del viaje y solicitando una reunión institucional con el gobierno de ese país.
Para ratificar la legitimidad de su viaje, la comitiva hizo público el amplio arco político y social que convocó su presencia en territorio boliviano. En el plano legislativo, mostraron notas oficiales firmadas por senadores nacionales como Richard Espada Ugarte y Judith Rosario García, junto a los diputados Sonia Siñani Callisaya y Víctor Maranza Mamani, entre otros.
A su vez, la misión detalló el respaldo de organismos de Derechos Humanos como la Liga Boliviana de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Provincias – La Paz (APDHRP-LP), así como de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Los miembros de la delegación anunciaron que acompañarán la manifestación convocada para el próximo miércoles 17 de junio por parte de la Comunidad Boliviana residente en Argentina, y propusieron la realización de una audiencia en el Congreso de la Nación para informar al Poder Legislativo Nacional sobre lo ocurrido con la misión.
“Vamos a seguir bregando por el pleno respeto a los derechos a protestar y a expresarse del pueblo de Bolivia, recogiendo la preocupación de las organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales de dicho país que reclaman al mundo que se visibilice la situación”, concluyeron.