El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, advirtió que el Estado responderá con firmeza y legalidad frente a quienes buscan someter al país mediante la violencia, en un contexto de bloqueos y crisis de abastecimiento.
El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó el martes que el país ya no enfrenta únicamente un conflicto interno, sino una amenaza con componentes transnacionales, vinculada con el crimen organizado, el narcotráfico y financiamientos oscuros. Ante ese escenario, aseguró que la respuesta del Estado “no será improvisada, sino institucional, democrática” y enmarcada en la legalidad.
“Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza, y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo. Esta no será una respuesta improvisada, será una respuesta institucional, democrática y de Estado”, afirmó Justiniano, reportó el diario El Deber y supo la Agencia Noticias Argentinas.
El funcionario hizo estas declaraciones durante un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar, en un contexto marcado por la prolongación de los bloqueos, la crisis de abastecimiento y las denuncias sobre el uso de armas de fuego en puntos de conflicto, particularmente en San Julián, donde el sábado 6 de junio dos policías resultaron heridos por disparos con arma de fuego.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, promulgó el lunes la Ley 1740 para la regulación de los estados de excepción. En ese contexto, el mandatario anticipó que ya existe “un plan” para enfrentar la crisis provocada por los bloqueos y los conflictos que ya derivaron en el uso de armas de fuego por parte de los manifestantes.
El ministro advirtió que algunos sectores pasaron de los bloqueos a la violencia y de “la piedra a la bala”, con métodos que, según dijo, buscan generar terror, promover acciones de rebelión y sedición e imponer por la fuerza aquello que no pudieron conseguir por la vía democrática.
“Hay que decirlo con claridad: la protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia”, remarcó Justiniano.