El gobernador Ned Lamont promulgó la SB 397, que prohíbe arrestos migratorios en escuelas, hospitales y centros de culto sin orden judicial, y permite a residentes demandar a agentes que vulneren derechos constitucionales.
El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunció la firma de la Ley SB 397, que establece restricciones a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La norma prohíbe los arrestos por delitos civiles en escuelas, hospitales y centros de culto sin orden judicial, y permite a los residentes demandar a agentes federales, estatales y locales que violen derechos constitucionales.
El proyecto, titulado “Ley sobre Democracia y Rendición de Cuentas del Gobierno”, fue impulsado por legisladores demócratas de Connecticut. Lamont declaró el 4 de mayo que el estado “no se quedará de brazos cruzados mientras agentes federales violen los derechos constitucionales de los residentes”.
La SB 397 crea una acción legal privada en tribunales estatales para demandar a agentes que vulneren derechos constitucionales. Además, prohíbe que los agentes cubran sus rostros durante operativos, salvo excepciones limitadas, y exige que porten una placa o etiqueta con su nombre.
La norma también impide que agentes con menos de 480 horas de entrenamiento se conviertan en oficiales de policía. Según senadores estatales demócratas, los funcionarios del ICE suelen recibir alrededor de 376 horas de formación.
Los legisladores indicaron que la ley “elimina la inmunidad de un agente del orden público si viola el derecho de una persona a grabar a las fuerzas del orden público mientras comete agresión, lesiones, detención ilegal, arresto falso, abuso de procedimiento o procesamiento malicioso”.
La SB 397 otorga nuevos poderes al Procurador General y al Inspector General del Estado. El procurador general podrá solicitar mandatos judiciales de emergencia y daños si agentes gubernamentales violan derechos fundamentales, y obtener órdenes en cinco días o menos. También se fortalece la autoridad del Inspector General para investigar y procesar el uso de fuerza letal.
El senador Gary Winfield, demócrata por New Haven y presidente del Comité Judicial del Senado, sostuvo: “Este proyecto de ley es mucho más que las palabras en una página. La conversación que estamos teniendo hoy no se trata realmente del proyecto de ley. Se trata de nosotros. Durante la actual administración Trump, hemos actuado como si estuviera bien violar los derechos de las personas. Este proyecto de ley trata sobre quiénes somos como pueblo”.