La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara-CEC) difundió un video en el que cuestiona a las pymes de biodiesel por no haber invertido en producir su propio aceite de soja, en el marco del debate por la reforma de la ley de biocombustibles que se tratará esta semana en el Senado.
El debate por la reforma de la ley de biocombustibles tendrá lugar esta semana en el Senado. En este contexto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara-CEC) publicó un video en el que sostiene que las pymes de biodiesel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, pese a los años de protección regulatoria.
Según el video difundido, en la Argentina se producen unas 8,5 millones de toneladas de aceite de soja por año, mientras que las pymes de biodiesel consumen cerca de 650 mil toneladas anuales, lo que equivale a un mes y medio de la producción nacional de aceite.
Además, Ciara-CEC afirmó que 28 plantas de biodiesel no invirtieron en producir su propio aceite de soja, a pesar de la protección recibida durante casi dos décadas. En contraposición, el país cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja, distribuidas en ocho provincias, y una capacidad instalada nacional de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión.
En su publicación, Ciara-CEC planteó que el espíritu de la ley original de biocombustibles, sancionada en 2006, era “promover la producción, desarrollar nuevas empresas y fortalecer la competitividad del mercado”. Sin embargo, el video sostiene: “Si después de casi dos décadas de protección regulatoria muchas plantas siguen sin invertir para producir su propio insumo principal, esa falta de vocación de crecimiento termina siendo una negación de aquel principio original”.
La entidad recordó que la Argentina compitió con fuerza en el mercado internacional de biodiesel: “Entre 2016 y 2018, el país fue el primer exportador mundial, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones de toneladas exportadas e inversiones por más de USD 2.500 millones”. Sobre ese antecedente, la cámara señaló que durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos cerró su mercado al biodiesel argentino “por su nivel de competitividad” y que las medidas fueron paraarancelarias; el gobierno argentino las desafió y la justicia de ese país falló a su favor.
La Unión Europea también intentó imponer restricciones, pero la Argentina obtuvo un resultado favorable en la Organización Mundial del Comercio y accedió a una cuota compensatoria que aún se mantiene. Ciara-CEC agregó que ahora la UE busca desalentar el uso de soja como materia prima para biocombustibles mediante una norma ambiental que califica como artificial.
“Ese recorrido muestra que, cuando los mercados se cierran o el comercio se distorsiona, se vuelve más difícil sostener inversiones, escala productiva y desarrollo exportador. El debate de fondo no debería ser cómo trasladar costos de una industria a otra. Debería ser cómo construir una política de biocombustibles que incentive la inversión, eficiencia, integración productiva y competitividad”, plantea la publicación. Y finaliza: “En definitiva no falta aceite y abundan empresas proveedoras. Falta una ley que promueva la participación activa de toda la industria. Por eso apoyamos el proyecto de ley de la senadora Bullrich”.
La nueva ley de biocombustibles será tratada el miércoles 3 de junio a las 14 en las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales y representantes de cámaras empresarias. Sobre la mesa hay cinco proyectos, pero la iniciativa firmada por la senadora Patricia Bullrich y otros senadores libertarios llega con el mayor impulso político.
El proyecto, elaborado tras conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena, propone subir el corte obligatorio de biodiesel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año. También habilita motores Flex Fuel, crea un sistema electrónico para la comercialización y otorga a la Secretaría de Energía la posibilidad de disponer aumentos adicionales. La iniciativa busca desregular la actividad, fomentar la competencia y eliminar el límite productivo impuesto por la ley vigente.