El juez Hugo Vaca Narvaja concedió el pedido de la Nación, pero planteó que la medida continúa vigente hasta que falle la Cámara Federal.
Las autoridades nacionales apelaron la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja que obliga a regularizar en 72 horas las deudas con prestadores de discapacidad de PAMI e Incluir Salud. El magistrado confirmó que concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que significa que la cautelar sigue vigente mientras se espera la decisión de la Cámara Federal.
El fallo de Vaca Narvaja, emitido hace diez días, responde a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos cordobeses.
El juez estableció un plazo máximo de 72 horas para que el Gobierno nacional cumpla con la orden. La cautelar tiene vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. La medida busca proteger a quienes cobran pensiones no contributivas y a los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD), para asegurar la continuidad de servicios esenciales que, según los amparistas, están en riesgo por la falta de pagos.
En su resolución, Vaca Narvaja señaló que las demoras crónicas y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un riesgo inminente para quienes deben recibir esas prestaciones. «La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica», indicó.
Respecto al pasaje gratuito en colectivos de larga distancia para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer, el Gobierno nacional, a través de la Oficina de Respuesta Oficial, sostuvo que la gratuidad se mantiene vigente. «Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis», afirmó, y agregó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará controlando el cumplimiento. La resolución 28/2026 eliminó el subsidio que el Estado pagaba a las empresas por esos pasajes, y ahora las compañías deben absorber el costo total.
Frente a esta medida, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) señaló que la decisión llega en pleno litigio judicial, con una deuda acumulada que supera los 27.000 millones de pesos y una intimación de la Justicia federal pendiente de cumplimiento.