Sherritt International Corp. busca ceder una participación mayoritaria a Gillon Capital LLC, una family office relacionada con un exasesor del presidente Donald Trump, con el objetivo de sortear las sanciones estadounidenses por sus operaciones en Cuba.
Sherritt International Corp., una minera canadiense con sede en Toronto, suscribió un acuerdo preliminar no vinculante para una colocación privada que incluye una opción de compra. Según un comunicado emitido el miércoles, la operación permitiría a Gillon Capital LLC adquirir suficientes acciones ordinarias para controlar el 55% de la empresa sobre una base totalmente diluida.
Sherritt espera que el precio de ejercicio tenga un descuento frente al valor de cierre de la acción del 15 de mayo. La compañía, dedicada a la extracción y refinación de níquel y cobalto y estrechamente vinculada a socios estatales cubanos, declaró el martes que no seguiría adelante con sus planes de disolver sus intereses en la isla.
Gillon Capital es la family office de Ray Washburne, un ejecutivo inmobiliario que Trump nombró en 2017 para liderar la Overseas Private Investment Corporation y posteriormente integró al Consejo Asesor de Inteligencia Presidencial.
Sherritt afirmó que ha “colaborado de forma constructiva” con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual confirmó que no tenía objeciones a las negociaciones de Gillon Capital con la empresa, según el comunicado emitido el miércoles. El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro no consideran que las negociaciones contravengan la legislación estadounidense, añadió la compañía.
La semana pasada, Sherritt dijo que estaba considerando medidas para desprenderse de su participación del 50% en una mina cubana de níquel y cobalto, así como salir de una empresa conjunta energética con el Estado cubano. El martes, la empresa se retractó de esa decisión y señaló que evaluaba una “potencial oportunidad para preservar valor”.
La compañía atraviesa una crisis desde que Trump firmó a comienzos de este mes una orden ejecutiva dirigida contra individuos y entidades no estadounidenses que hagan negocios con Cuba, país sometido a amplias sanciones estadounidenses desde la década de 1960. La situación ha provocado una ola de salidas, incluidos tres miembros del directorio y el director financiero, además de un desplome en el precio de sus acciones.