El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a un ayudante de segunda de la Prefectura Naval Argentina a 5 años y 4 meses de prisión por encubrimiento agravado y por haber transmitido datos reservados a un hombre vinculado al comercio de estupefacientes.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó el jueves pasado a Sebastián Moreno, ayudante de segunda de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a la pena de 5 años y 4 meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado. La sentencia fue dictada por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís, en sintonía con el pedido del fiscal general Gabriel González Da Silva y la auxiliar fiscal María Fernanda Aimar.
Moreno, de 43 años, se desempeñaba en la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la PNA en Bahía Blanca, con participación en investigaciones sobre tráfico de estupefacientes, según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web fiscales.gob.ar. El tribunal consideró al prefecto autor de encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave —la comercialización de estupefacientes— y por haber sido cometido por un funcionario público integrante de una fuerza de seguridad.
El fiscal González Da Silva había solicitado una pena de 5 años y 6 meses de prisión. El tribunal también impuso a Moreno una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, pero no hizo lugar a la revocación de la prisión preventiva domiciliaria, cuestión que la fiscalía evalúa recurrir.
Durante el debate, el fiscal sostuvo que el imputado “garantizó seguridad e impunidad” al sindicado narcotraficante Héctor Leonardo Diez —fallecido en mayo de 2024—, a quien le transmitía datos reservados de investigaciones en trámite mientras omitía denunciar su actividad ilícita. Para el fiscal, que Diez no haya llegado a ser condenado debido a su deceso no constituyó un obstáculo para la configuración del encubrimiento.
De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno mantuvo entre septiembre de 2019 y marzo de 2021 una serie de conversaciones con Diez, a quien le aportó información sobre allanamientos, detenciones, resultados de peritajes y el avance de causas federales vinculadas al narcotráfico. González Da Silva afirmó que quedó acreditado que Moreno “sabía perfectamente” que Diez comercializaba estupefacientes y que, aun así, no solo omitió denunciarlo, sino que además “le brindó apoyo estratégico para que continuara desarrollando esa actividad con tranquilidad”.
El caso se inició a partir de un allanamiento realizado el 17 de junio de 2022 en el domicilio de Diez, en el marco de una investigación provincial por violencia de género y abuso sexual. Allí se secuestró un teléfono celular cuyo análisis permitió recuperar conversaciones que comprometían al prefecto. El fiscal remarcó que el contenido de esos mensajes evidenció que Moreno aportaba “información sensible y reservada” sobre causas federales en las que él mismo intervenía, entre ellas las investigaciones contra Fabián Accarino y Sebastián Tenías, ambas vinculadas al tráfico de drogas y que culminaron con sus respectivas condenas en 2022.
En uno de los episodios reconstruidos en el juicio, Moreno le informó a Diez sobre la detención de Accarino —identificado como su proveedor de estupefacientes— y le envió fotografías del procedimiento. Al día siguiente, le indicó dónde se encontraba alojado y le sugirió otros posibles vendedores a quienes podía recurrir para comprar droga. Para González Da Silva, una de las conversaciones más relevantes fue la del 13 de febrero de 2020, cuando Moreno le comunicó a Diez que había aparecido mencionado en teléfonos secuestrados durante la investigación contra Accarino, aunque aclarándole que no iba a quedar mencionado en la investigación: “Te encontré en dos celulares (…) igual tranqui que ni apareces en el informe”, le escribió. El fiscal entendió que ese mensaje constituyó una “garantía de impunidad” y una demostración de que el prefecto ocultó deliberadamente información relevante para la pesquisa.
En su exposición, González Da Silva también destacó que Moreno había suscripto compromisos formales de confidencialidad dentro de la Prefectura Naval Argentina y que, por su función, tenía la obligación legal de preservar la reserva de las investigaciones. Durante el juicio, Moreno negó las acusaciones y afirmó que nunca brindó información confidencial ni supo que Diez vendía drogas, y sostuvo que muchas conversaciones correspondían a “bromas” o referencias a información publicada en medios periodísticos. El fiscal descartó esa explicación y sostuvo que las comunicaciones revelaban “un vínculo funcional y de confianza” entre ambos.
El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 21 de mayo a las 9.30.