La coordinadora municipal de Morena en Valle de Allende, Lucía Guadalupe Mora Ávalos, fue asesinada en el sur de Chihuahua, una región marcada por disputas criminales y debilidad institucional. El hecho se suma a una serie de agresiones contra actores políticos en el estado.
La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, condenó el homicidio de la coordinadora municipal del partido en Valle de Allende, Lucía Guadalupe Mora Ávalos, y acusó un estado abandonado en medio de un entorno de violencia. A través de su cuenta de X, Montiel calificó el crimen como un acto cobarde y sostuvo que no se trata de un hecho aislado. Señaló además fallas en los mecanismos de coordinación institucional en materia de seguridad.
La dirigente también cuestionó la gestión de la gobernadora Maru Campos, al señalar que la entidad enfrenta niveles altos de violencia mientras, afirmó, existen prioridades políticas alejadas de las tareas de seguridad pública. En su mensaje, también expresó condolencias a familiares, amistades y colaboradores de la coordinadora municipal asesinada.
“Mientras Chihuahua se convierte en la entidad más violenta del país, la gobernadora Maru Campos parece más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero que por asumir su responsabilidad con el pueblo”, escribió en X.
El caso Lucía Guadalupe Mora Ávalos
Lucía Guadalupe Mora Ávalos, coordinadora municipal de Morena en Valle de Allende, fue asesinada la noche de este martes en la región sur del estado, en un punto del corredor donde se concentran disputas territoriales entre grupos criminales y donde autoridades locales han reconocido limitaciones operativas. El hecho se suma a una serie de agresiones contra actores políticos en la zona, donde los ataques no se presentan como episodios aislados, sino dentro de dinámicas de control territorial.
Radiografía del control criminal en el sur de Chihuahua
El sur de Chihuahua opera como un corredor estratégico que conecta la sierra con rutas hacia Durango y Sinaloa, con zonas de difícil acceso que han sido utilizadas históricamente para actividades de producción y traslado de drogas. En este territorio se ha documentado la presencia de células vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente Los Salgueiro, así como estructuras asociadas al Cártel de Juárez, entre ellas La Línea. Ambas organizaciones mantienen presencia en municipios como Parral, Jiménez, Guadalupe y Calvo, Coronado y Guachochi.
La dinámica en la región está marcada por disputas por el control de rutas, comunidades rurales y cabeceras municipales, lo que ha derivado en episodios de violencia recurrente, desplazamientos forzados y presión directa sobre autoridades locales. En varios municipios serranos, las corporaciones municipales operan con capacidades limitadas y dependen de despliegues estatales o federales, lo que ha generado espacios de control territorial en los que los grupos criminales ejercen influencia sobre actividades económicas, movilidad y seguridad.
Alcaldías bajo presión y control de facto en zonas serranas
En distintos municipios del sur del estado, alcaldes en funciones y exalcaldes han enfrentado amenazas, agresiones y restricciones operativas derivadas de disputas entre organizaciones criminales. En algunos casos, estos episodios han derivado en desplazamientos temporales, reducción de actos públicos o suspensión de actividades oficiales, ante riesgos directos para funcionarios y equipos de trabajo.
Casos documentados de violencia contra actores políticos
El homicidio de Lucía Guadalupe Mora Ávalos se suma a una serie de ataques contra figuras vinculadas a la vida pública en el estado. Uno de los casos más recientes ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cuando el exalcalde de Ignacio Zaragoza, Lauro Orozco Gómez, fue asesinado a balazos en la cabecera municipal, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado. En la última década, el estado ha registrado agresiones y asesinatos de funcionarios municipales y exautoridades en contextos vinculados a disputas criminales, particularmente en zonas serranas y regiones de tránsito estratégico, lo que autoridades locales han señalado como un patrón sostenido de riesgo para actores políticos en municipios con cierta debilidad institucional.