sábado, 27 junio, 2026

El Gobierno regula la venta de vapeadores, bolsitas de nicotina y tabaco calentado

Tras más de 15 años de prohibición, el Gobierno oficializó una nueva normativa que establece un registro obligatorio y elimina sabores en vapeadores para proteger a los menores.

El Gobierno nacional oficializó este lunes en el Boletín Oficial una nueva regulación para la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina (pouches), poniendo fin a más de 15 años de un enfoque prohibicionista. Según datos oficiales, la restricción previa no logró reducir el consumo, sino que derivó en un mercado informal sin control sanitario ni tributario.

La medida, coordinada entre los ministerios de Economía y Salud, la Anmat y la Jefatura de Gabinete, establece un “registro obligatorio” para todos los productos de nicotina. Sin estar inscriptos, no podrán comercializarse legalmente en el país. Las empresas deberán declarar la composición exacta, cumplir con estándares de calidad y condiciones de fabricación estrictas.

Desde el punto de vista económico, la incorporación al sistema formal implica que estos dispositivos y sustancias pasarán a tributar con esquemas diferenciados según cada categoría, con el objetivo de desplazar el contrabando y la informalidad.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la protección de menores. Se prohibieron los saborizantes en vapeadores, considerados la “principal puerta de entrada” al consumo en adolescentes. Además, se fijaron límites a la concentración de nicotina y se definió una lista de ingredientes permitidos y sustancias prohibidas.

El Gobierno busca, con este reordenamiento, generar condiciones para que los fumadores de tabaco tradicional puedan acceder a alternativas consideradas “potencialmente menos dañinas”, reduciendo el impacto del humo ambiental en terceros. La industria celebró la medida, señalando que Argentina se alinea con más de 100 países que permiten la comercialización regulada de productos sin combustión.

El éxito de la regulación dependerá de la capacidad de fiscalización de la Anmat y de que el nuevo registro logre efectivamente desplazar al mercado informal que creció durante más de una década.

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