La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) alertó sobre la crítica situación financiera del sector productivo, con una deuda fiscal que alcanza los 5 billones de pesos y un 40% de las empresas en mora.
La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) encendió las alarmas sobre la crítica situación financiera que atraviesa el sector productivo, ya que la deuda con el fisco alcanza los 5 billones de pesos. En una reciente reunión de Comisión Directiva, representantes de más de 50 entidades de pymes industriales, comerciales y de servicios denunciaron un escenario de asfixia caracterizado por atrasos impositivos generalizados y una ola de avisos de embargos que pone en jaque la supervivencia de miles de firmas.
Según el relevamiento de las cámaras presentes, el 40% de los sectores se encuentra actualmente en situación de mora con el fisco. La deuda acumulada por el sector asciende a una cifra alarmante: $5 billones (equivalentes a unos US$ 3.600 millones de dólares). Ante la imposibilidad de afrontar las obligaciones tributarias sin interrumpir la cadena de pagos o el pago de salarios, los dirigentes de CGERA solicitaron formalmente que el sector sea declarado como “no interés fiscal”. Esta medida busca frenar la carga impositiva inmediata para evitar la acumulación de intereses resarcitorios y punitorios, evitar el cierre definitivo de establecimientos, así como prevenir la pérdida de puestos de trabajo.
“No se le puede exigir competitividad al sector cuando las reglas de juego son asimétricas; mientras las pymes aplican esquemas libertarios, compiten con economías mucho más eficientes”, señalaron desde la entidad. La situación se ha vuelto especialmente compleja tras el cambio de escenario normativo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha intensificado la fiscalización digital. Según informes de gestión de este mes, el organismo logró recuperar cerca del 77% del monto adeudado en campañas dirigidas a contribuyentes con deudas superiores a los $2.200.000.
El panorama se agravó debido a dos factores temporales clave: por un lado, el beneficio automático para MiPyMEs y Pequeños Contribuyentes finalizó el 1 de enero de 2025. Por otro lado, las empresas que no lograron regularizar su situación en los planes de pago que vencieron en marzo de 2026 se encuentran hoy en la “primera línea” de posibles medidas cautelares. Los empresarios destacaron que, a pesar de la caída generalizada de las ventas y el avance de los productos importados, las empresas han priorizado el cumplimiento de los salarios y los servicios públicos. Sin embargo, esta decisión ha derivado en una acumulación de pasivos fiscales que, en muchos casos, ya son penalmente reclamables.
Desde CGERA enfatizaron que es contradictorio reclamar nuevas inversiones mientras se destruyen las existentes, las cuales fueron realizadas con esfuerzo y sin financiamiento. El compromiso de los dirigentes, aseguran, es mantener la actividad económica, pero advierten que sin nuevos planes de pago y un freno a los embargos, el desenlace para muchas pymes será inevitable.