El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa cambios en la ley de semillas y la adhesión a UPOV-91 para reforzar la propiedad intelectual y atraer inversiones al agro.
El debate por una nueva ley de semillas y la eventual adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV-91 volvió a tomar impulso en las últimas horas tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según explicó, el Gobierno busca reforzar la protección de la propiedad intelectual en semillas, habilitar nuevos esquemas de control con mayor protagonismo privado y generar condiciones para atraer inversión tecnológica al sector agropecuario.
Durante su participación en el programa Economistas de la TV Pública, junto al exCEO de Syngenta y exfuncionario Antonio Aracre, Sturzenegger detalló el enfoque que el Ejecutivo planea llevar al Congreso. Aracre señaló que en Argentina se siembran casi 20 millones de hectáreas de soja y entre 6 y 7 millones de trigo, y que gran parte de esa producción involucra investigación genética y biotecnológica que no se remunera, a diferencia de Brasil o Estados Unidos.
Como ejemplo, Sturzenegger mencionó el caso del algodón en Chaco, donde el rendimiento es de 600 kilos por hectárea, mientras que en una zona similar de Brasil alcanza los 1400 kilos. Atribuyó la diferencia a la falta de protección de la propiedad intelectual, que desalienta la llegada de semillas mejoradas. “Esa semilla no viene acá porque no hay respeto a la propiedad intelectual. Es un tema que Argentina tiene que resolver”, afirmó.
El ministro aclaró que el esquema propuesto mantiene la posibilidad de que los productores sigan utilizando sus prácticas actuales, incluido el uso propio de semillas, sin cambios obligatorios inmediatos. Sin embargo, plantea establecer un sistema que permita remunerar la propiedad intelectual cuando se adopten semillas de mayor rendimiento. “Si alguien quiere usar una semilla que produce 1400 en lugar de 600, y le conviene, que haya un esquema de control para que esa propiedad intelectual se remunere”, explicó.
Una de las novedades más sensibles es la transferencia de la fiscalización al sector privado. “Vamos a transferir el control al sector privado. El sector público no tiene capacidad para auditar esto”, sostuvo Sturzenegger, sugiriendo un cambio de paradigma en el control del cumplimiento.
Consultado sobre si es necesaria una nueva ley, el ministro indicó que el esquema es factible sin cambios legislativos porque la realidad ya obliga a la remuneración, pero que el Estado no tenía cómo fiscalizar. Estimó que estas medidas podrían aportar unos 4000 millones de dólares a la producción argentina y atraer inversiones.
El trasfondo de esta discusión remite a un conflicto de larga data entre el Gobierno, las empresas desarrolladoras de biotecnología y los productores agropecuarios. Mientras el Ejecutivo busca alinearse con estándares internacionales tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, parte del sector productivo defiende el derecho al uso propio y advierte sobre el impacto en los costos.
Una propuesta de proyecto de ley fue presentada por la Mesa de Enlace a las autoridades del Gobierno para ser analizada y debatida antes de que el proyecto de adhesión a UPOV 91 se envíe al Congreso. La propuesta del ruralismo busca equilibrar el reconocimiento de la propiedad intelectual con el uso propio, planteando que el productor pueda guardar semilla adquirida legalmente pagando una retribución acordada por hasta tres multiplicaciones, con la opción de cancelar ese monto al comprar la bolsa. También introduce un umbral de hasta 500 hectáreas con uso propio gratuito durante tres campañas y un sistema incremental donde solo se paga por el excedente de superficie sembrada.