Ante las denuncias y cuestionamientos por préstamos a legisladores, el bloque de La Libertad Avanza acordó no discutir el tema en redes sociales. Los involucrados aseguran que los trámites fueron regulares y previos a su incorporación al oficialismo.
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a legisladores oficialistas repercutió en el bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados, que en las últimas horas decidió cerrar filas y alinearse con la respuesta del Poder Ejecutivo. La directiva interna es no alimentar la discusión en redes sociales.
La medida surgió después de que algunos de los implicados salieran públicamente a explicar su situación ante los señalamientos por haber accedido a préstamos de la entidad estatal. En el bloque oficialista son varios los diputados que figuran en el sitio web «¿Cuánto deben?», elaborado por Andrés Snitcofsky con datos del Banco Central.
Dos de ellos, el exradical Mariano Campero y el exmacrista Alejandro Bongiovanni, optaron por dar explicaciones en redes sociales. Otros, como Lorena Villaverde y Santiago Santurio, eligieron no pronunciarse. «No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia», aseguró Campero. Bongiovanni, por su parte, sostuvo que es «falso» que haya obtenido condiciones preferenciales.
Ambos subrayaron que los trámites con el banco se iniciaron meses antes de sus cambios de alineamiento político: Campero accedió al crédito en mayo, tras separarse del bloque radical, y Bongiovanni en enero, cuando se sumó a La Libertad Avanza.
Desde el bloque oficialista aseguraron que «todo está en regla» y que muchos de los legisladores presentaron otros ingresos o codeudores para mejorar su calificación crediticia. Los mismos argumentos ofreció el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista televisiva. «No hay nada ilegal y mucho menos inmoral», afirmó.
A diferencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de las empresas del Estado, los legisladores no están alcanzados por la línea diferencial para empleados estatales, que financia hasta el 90% del valor del inmueble. Los diputados deben recurrir a la línea general, que cubre hasta el 75%.
La controversia ya derivó en tres denuncias judiciales: una presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y otra por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica. También existe un pedido de informes del legislador socialista Esteban Paulón.
Ante ese escenario, el oficialismo decidió cerrar filas. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, retuiteó un mensaje del presidente Javier Milei, que celebró la entrevista de Caputo. Incluso el ministro de Economía afirmó que alentó a funcionarios y amigos a aprovechar la línea hipotecaria, describiéndola como «una oportunidad única».
La decisión de no amplificar el tema en redes busca, según fuentes oficialistas, que la polémica pierda fuerza. Esperan que el Banco Nación remita a la Justicia la información solicitada para despejar las dudas.