Documentación judicial revela transferencias de la Asociación del Fútbol Argentino a Real Central SRL, firma asociada a la mansión de Pilar y a un directivo de la entidad. La investigación fiscal busca determinar la legitimidad de las operaciones.
Una investigación judicial en curso ha puesto bajo la lupa una serie de pagos realizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la empresa Real Central SRL, por un total de 415 millones de pesos. La documentación, secuestrada en un allanamiento a la sede de Viamonte a fines del año pasado, muestra que los fondos fueron transferidos bajo el concepto de «servicios de logística y traslados».
Las órdenes de pago, recepcionadas por Luciano Pantano y autorizadas por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, forman parte de la causa que lleva adelante el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, de Lomas de Zamora. La pesquisa establece un vínculo entre la AFA y Real Central SRL, sociedad identificada como titular de una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar y de una colección de autos antiguos.
Entre los comprobantes se encuentra la orden N° 267372, del 2 de junio de 2025, por $70.400.000, con la firma y DNI de Luciano Pantano, y una deducción manuscrita por retenciones. La operación fue autorizada mediante un memorándum interno de la AFA rubricado por Toviggino. En total, los pagos realizados a mediados del año pasado equivalían a unos 400 mil dólares al tipo de cambio de la época.
La investigación también revela que Real Central SRL habría obtenido el contrato para el servicio de videoarbitraje (VAR) con la AFA. Paralelamente, en allanamientos en Argentinos Juniors, se halló un recibo firmado por Pantano el 25 de agosto de 2025 por la recepción de $600 millones de ese club.
La estructura societaria de Real Central SRL, constituida en 2021, ha tenido variaciones. Actualmente, figura como socia mayoritaria Ana Lucía Conte, madre de Pantano y jubilada. La fiscalía detectó además otras firmas vinculadas a Pantano, como One to One Publicidad y Lupan Group SRL, que comparten domicilios fiscales previos.
Ante estos hallazgos, la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de todas las personas físicas y jurídicas involucradas. Se requirió información a la ARCA, la UIF, los registros de la propiedad y la Inspección General de Justicia, además de oficiarse al Banco Central y a empresas de transferencias de dinero y activos digitales para ampliar la investigación.