El máximo tribunal estadounidense escuchó argumentos sobre un caso que podría modificar la interpretación de la 14ª Enmienda constitucional, un principio que también rige en Argentina y otros países de la región.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este miércoles los argumentos orales en un caso que pone en duda la garantía constitucional de ciudadanía automática para toda persona nacida en suelo estadounidense. El presidente Donald Trump asistió a la audiencia, un hecho inédito para un mandatario en ejercicio.
El caso, conocido como Trump v. Barbara, evalúa la validez de una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato. El Procurador General argumentó que los hijos nacidos de padres sin estatus migratorio permanente no deberían recibir la ciudadanía automáticamente, desafiando así una interpretación histórica de la 14ª Enmienda.
Dicha enmienda establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas». Fue promulgada tras la Guerra Civil para revertir la decisión Dred Scott de 1857. Su interpretación moderna se basa en gran medida en el fallo del caso Wong Kim Ark de 1898.
La orden ejecutiva 14-160 busca negar la ciudadanía a hijos de personas en situación migratoria irregular o temporal, como titulares de visas de estudiante o trabajo, o con protecciones como asilo. No afectaría automáticamente a hijos de residentes permanentes legales. Según estimaciones de centros de estudio, más de 250.000 bebés nacidos anualmente en EE.UU. podrían verse afectados.
Al firmar la orden, Trump calificó el principio de «ridículo», afirmando que EE.UU. era el único país que lo practica, una afirmación incorrecta. Actualmente, 33 países y dos territorios garantizan el jus soli (derecho de suelo) de manera irrestricta, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, México y la mayoría de las naciones de América Latina. Otros 32 países lo aplican con condiciones.
No obstante, la tendencia global ha sido hacia una mayor restricción. Países como el Reino Unido, Australia, Irlanda e India han eliminado o limitado este derecho en las últimas décadas. En naciones como Alemania o Francia, la ciudadanía por nacimiento se otorga si al menos uno de los padres es ciudadano o residente permanente, modelo similar al que propone la administración Trump.
La Corte Suprema no emitirá su veredicto de inmediato; se espera que el fallo se conozca hacia mediados de 2026.