A los 72 años, falleció en Misiones el hombre que durante décadas reclamó ser hijo del terrateniente José Feliciano Manubens Calvet, en un caso judicial que involucró una herencia valuada en cientos de millones de dólares.
CÓRDOBA. Manuel Maidana, quien protagonizó un extenso litigio judicial para ser reconocido como hijo del terrateniente cordobés José Feliciano Manubens Calvet, falleció a los 72 años en la madrugada del 24 de marzo en Misiones, tras agravarse la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que padecía, a la que se sumaba un diagnóstico de Alzheimer.
Maidana, nacido en Corrientes, dedicó cerca de 40 años a intentar que la Justicia lo reconociera como hijo de Manubens Calvet, quien fuera dos veces intendente de Villa Dolores, diputado provincial y uno de los terratenientes más importantes del país, con aproximadamente 400.000 hectáreas. Manubens Calvet falleció en 1981 sin hijos reconocidos.
El caso judicial, centrado en una herencia que en 2017 fue tasada en 225 millones de dólares, tuvo múltiples instancias. En 2008, un análisis de ADN realizado por el Ceprocor, que comparó la sangre de Maidana con la de sobrinos nietos de Manubens Calvet, arrojó un resultado negativo, lo que llevó a su exclusión inicial de la sucesión. En 2011, Maidana fue condenado en primera instancia por falsedad ideológica, aunque en 2014 la Cámara de Casación Penal lo absolvió al considerar que no se podía probar la existencia de dolo.
Pese a las pruebas genéticas en su contra, Maidana continuó con su reclamo. Finalmente, en 2020, logró un acuerdo económico con los demás herederos, un paso clave para desbloquear el reparto de los bienes, que llevaba casi cuatro décadas paralizado. Ese mismo año, la Justicia civil le reconoció su derecho a la identidad y, en 2021, él y su familia adoptaron formalmente el apellido Manubens Calvet. Según versiones que circularon, habría recibido alrededor de 5 millones de dólares.
Maidana trabajó como locutor y empleado en la Tesorería del Gobierno de Misiones. Su reclamo se basó inicialmente en una supuesta acta de reconocimiento de 1960, presentada en 1999, que luego fue cuestionada judicialmente. El acuerdo final permitió que en julio de 2020 el juez Carlos Bustos entregara la posesión de las propiedades a los distintos grupos de herederos.
De la herencia total, unos 90 millones de dólares se destinaron a honorarios de abogados, peritos, tasas judiciales y organismos estatales. Otro 28,6% de los derechos sucesorios había sido adquirido previamente por un grupo de empresas offshore.