La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictaminó este martes que los reclamos de los fondos buitre Burford Capital contra la Argentina por la estatización de YPF en 2012 deben ser resueltos ante la justicia local. La decisión revoca una sentencia previa de un tribunal inferior y marca un punto de inflexión en el extenso litigio.
Un fallo con implicancias estratégicas
El tribunal estadounidense determinó que, según los contratos de los bonos de YPF, cualquier disputa relacionada debe ser dirimida en tribunales argentinos o sometida a arbitraje internacional, no en cortes de EE.UU. Este argumento jurídico, sostenido por la defensa argentina, fue finalmente acogido, limitando el foro donde los acreedores pueden presentar sus demandas multimillonarias.
El fallo es analizado por expertos legales como un avance significativo para la posición negociadora de la Argentina. Al reconocer la jurisdicción local, se aleja la posibilidad de un embargo inmediato sobre activos del Estado o de la compañía petrolera en el exterior, un riesgo que pesaba sobre la economía nacional.
La reacción del Presidente: apoyo al resultado, crítica al razonamiento
Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei se refirió al veredicto en términos ambivalentes. A través de sus redes sociales, el mandatario calificó la noticia como «positiva» para los intereses del país, ya que aleja una condena cuantiosa en el corto plazo.
Sin embargo, en un gesto que refleja su postura ideológica, Milei cuestionó los fundamentos del fallo. El Presidente argumentó que el tribunal basó su decisión en la validez de las leyes de nacionalización, un concepto que él mismo rechaza desde su perspectiva liberal. «Aunque el resultado nos beneficia, discrepo profundamente de la lógica intervencionista que podría inferirse de la sentencia», expresó.
El largo camino legal que sigue
Pese a este revés procesal para los fondos demandantes, el litigio está lejos de concluir. El caso ahora retorna a la instancia judicial argentina, donde Burford Capital continuará reclamando una indemnización que inicialmente superaba los 16.000 millones de dólares, por considerar que la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol no cumplió con una oferta pública previa de compra.
Analistas económicos coinciden en que, si bien el fallo estadounidense otorga un respiro y un marco legal más controlado, la disputa de fondo sobre el monto de la compensación sigue abierta y representa un pasivo contingente de gran magnitud para las cuentas públicas.