La Cámara alta del Congreso retomó el análisis de una iniciativa legislativa que propone endurecer las sanciones penales para quienes realicen denuncias falsas ante la justicia. El proyecto, que había obtenido dictamen el año pasado pero perdió estado parlamentario, fue reintroducido con el respaldo del bloque oficialista y el impulso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Detalles de la reforma propuesta
La propuesta, de autoría de la senadora de la UCR Carolina Losada, modifica artículos del Código Penal. Actualmente, la figura de «denuncia falsa» contempla penas de dos meses a un año de prisión. El texto plantea elevarlas a un rango de uno a tres años.
Agravantes específicos
El punto que genera mayor debate es la incorporación de agravantes. Si la falsa acusación se enmarca en delitos de violencia de género, contra la integridad sexual o que involucren a menores de edad, la pena propuesta se incrementaría, oscilando entre tres y seis años de cárcel. Asimismo, el proyecto reforma las escalas penales para el falso testimonio en causas criminales.
Fundamentos y críticas
Losada justifica la iniciativa argumentando que una acusación falsa en estos delitos genera un «perjuicio gravísimo» para el denunciado, incluyendo el riesgo de perder el contacto con sus hijos, dañar su reputación laboral y sufrir un estigma social injusto. Para respaldar su postura, la senadora organizará un evento en el Senado con personas que aseguran haber sido víctimas de denuncias falsas.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta un fuerte rechazo de organizaciones feministas y de derechos humanos. La Red de Abogadas Feministas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han manifestado que este tipo de medidas puede «revictimizar a las mujeres en situación de violencia» y desalentar las denuncias por miedo a una eventual sanción penal.
Un debate con datos en disputa
El contexto estadístico es un eje central de la discusión. Mientras la ONU señala que las denuncias falsas por violencia de género representan a nivel global menos del 1% del total, en Argentina datos del Consejo de la Magistratura estiman que alrededor del 3% de las denuncias penales son falsas. Los promotores del proyecto enfatizan la necesidad de proteger a los inocentes, mientras que sus críticos subrayan el riesgo de obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas reales.
El debate deberá comenzar desde cero en las comisiones del Senado, tras la renovación de la Cámara. Se espera que sea tratado en las próximas semanas, reavivando una polémica que enfrenta dos derechos sensibles: la presunción de inocencia y la protección efectiva de las víctimas de violencia.