La causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), volvió a cambiar de juez por decisión de la Cámara de San Martín, que debió resolver un problema de competencia.
El camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, resolvió este martes que el expediente por presunto lavado pase del juzgado de Marcelo Aguinsky, donde tramitaba hasta ahora, al de Adrián González Charvay, en la Justicia de Campana.
La Cámara resolvió así un conflicto de competencia que se inició con un pedido de inhibitoria que los dueños formales del predio y presuntos testaferros −el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte− presentaron ante el juez de Campana González Charvay.
González Charvay se hizo eco de la solicitud y le pidió a su colega, Aguinsky, que se aparte. Sostuvo que le correspondía investigar el caso con un argumento jurisdiccional, al amparo de las garantías del “juez natural”.
Aguinsky rechazó correrse del caso. Dijo que su fuero era de especialidad y, al argumento de su colega, contrapuso que la ubicación de la quinta no era relevante puesto que el núcleo de la investigación era la AFA, cuya ubicación se encontraba “a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”, marcó.
Sin embargo, el camarista Lugones le dio hoy la razón a Charvay y dijo que el caso debe tramitar en Campana, haciendo primar el argumento del territorio.
Además, afirmó que la AFA, desde noviembre de 2024, cambió su domicilio a Mercedes N°1366, en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, afirmó que esa modificación no había sido aprobada por el organismo.
El caso había comenzado a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas. Pero luego de poner en marcha las primeras medidas, el magistrado declaró su incompetencia y el caso, por orden del camarista Leopoldo Bruglia, pasó a tramitar en el fuero Penal Económico. Ahora, con la decisión de Lugones, se trasladó a la Justicia de Campana.
En su resolución, el camarista resaltó que su colega Bruglia, al decidir sobre la primera de las contiendas y ordenar que el caso pase al fuero Penal Económico, destacó que la cuestión territorial quedaba, sin embargo, abierta.
Sobre ese eje trabajó la defensa de los presuntos testaferros Pantano y Conte. Le plantearon al juez Charvay, con éxito, que le requiera a Aguinsky la inhibitoria y reclamara el caso para su juzgado. El juez lo hizo pero quedó en soledad: el fiscal Sebastián Bringas, de Campana, y el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Marcelo Aguinsky, ambos del fuero penal económico, sostuvieron que no le correspondía.
Por ser un planteo de inhibitoria, la disputa llegó a la Cámara de San Martín los primeros días de enero, en plena feria judicial. Hasta el 15, estuvo de feria el camarista Juan Pablo Salas, presidente de la Sala I. El caso fue sorteado y recayó en la Sala II, en la cual debía intervenir el juez Néstor Barral. Pero el magistrado amplió su licencia una semana y el caso quedó en manos de Lugones.
Las últimas medidas de Aguinsky
Por estas horas, la causa avanzaba sobre presuntas inconsistencias alrededor de la colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar.
Se trata de la costosa flota de vehículos a nombre Real Central, la sociedad que en los papeles es dueña de la quinta y está a nombre del monotribusita Pantano y su madre, la jubilada Conte.
La semana pasada, una ejecutiva del Banco Coinag viajó desde Rosario y sostuvo ante el juez Marcelo Aguinsky que era “imposible” que desde la cuenta que la sociedad tiene en la entidad se hubiera podido realizar el pago de uno de los vehículos que forma parte de esa colección, un Porsche valuado casi en $500 millones. Así, apuntó indirectamente contra uno de los contadores que avaló la transacción, que fue citado por la Justicia.
Su declaración comenzó hoy, pero se interrumpió cuando no pudo respaldar sus dichos con papeles. El juez resolvió −antes de que lo apartaran del caso− volver a citarlo el viernes para que se presente con la documentación de apoyo.
Otra pista que se desprendió de la flota −que incluye motos de altísima gama, autos deportivos, kartings y camionetas 4×4− tiene que ver con los seguros de los vehículos. El juez constató que la póliza de todos ellos se pagaba en efectivo, por ventanilla, a través de una dirección generada por QR de una aseguradora cordobesa.
Por ahora, las medidas estuvieron orientadas en poder descifrar de dónde provino el dinero que pagó la quinta y todas sus prestaciones, como el quincho o el helipuerto.
La Justicia tiene la firme sospecha de que nada de eso pertenece en los hechos a Pantano y a su madre Conte, quien durante la pandemia cobró un auxilio estatal: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono destinado a hogares vulnerables, dirigido a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos con ingresos afectados.
Esa hipótesis se reforzó cuando el juez Aguinsky pudo constatar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad, pero ya no lo es.
El juez pidió a la empresa emisora, American Express, que suspendiera los débitos de la tarjeta, dentro de los cuales figuraban también los pagos de los servicios de suministro eléctrico de distintos domicilios, ajenos a la actividad de la entidad deportiva.