El conflicto por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sumó este martes un capítulo determinante, cuando el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una resolución que le otorga al Gobierno de Javier Milei un plazo de dos semanas para poner en marcha la normativa sancionada por el Congreso.
El fallo establece que el cumplimiento debe ser efectivo a partir del próximo 4 de febrero, marcando un límite temporal estricto para la gestión de los recursos y programas previstos en la ley.
En su dictamen, el magistrado no solo fijó la fecha de inicio, sino que también impuso un cronograma de información inmediata. El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuentan ahora con un plazo de cinco días hábiles para presentar un informe detallado sobre los avances administrativos realizados hasta la fecha.
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Esta medida busca garantizar que el Estado esté cumpliendo con los pasos necesarios para evitar nuevas dilaciones en la aplicación de la norma.
La resolución de González Charvay se produce en un contexto de tensión procesal, ya que el juez decidió avanzar sin aguardar el pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín.
Actualmente, la Sala II de dicha Cámara tiene bajo análisis una apelación presentada por el procurador de la Nación, Santiago Castro Videla. El recurso busca frenar la ejecución inmediata que el propio juez de Campana había ordenado originalmente el pasado 12 de diciembre.
La causa se originó a partir de una acción colectiva impulsada por dos padres de personas con discapacidad, pero su alcance se nacionalizó rápidamente debido a la gravedad de las demoras denunciadas. Con este nuevo movimiento, la Justicia Federal busca asegurar la protección de los derechos de este sector vulnerable, independientemente de las apelaciones en curso por parte del Estado Nacional.
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