La veda electoral comenzó en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo clásico de impedir la difusión de propaganda política en la previa del sufragio. Sin embargo, existe un vacío legal que complica su traslado al universo online. Si bien en el Código Electoral Nacional y la provincial hay reglas sobre encuestas y publicidad partidaria no siempre las plataformas digitales se mencionan de forma explícita.
En la práctica, eso deja a jueces, organismos y a las propias fuerzas políticas interpretando hasta dónde alcanza la veda en el universo digital y abre la puerta a disputas sobre qué se considera propaganda versus opinión personal. Esa falta de precisión es especialmente problemática cuando los mensajes -personales o no- se amplifican gracias a los algoritmos o redes de bots.
Mientras algunos legisladores proponen marcos concretos, la implementación plantea interrogantes técnicos y constitucionales: ¿quién monitorea?, ¿cómo se prueba una amplificación artificial?, ¿qué pasa con contenidos publicados desde el exterior?
¿Qué se puede y qué no durante la veda electoral?
Durante la veda electoral no está permitida la propaganda política. Pero¿ qué ocurre en las redes sociales?
Veda electoral: el vacío legal para las redes
En Buenos Aires se aplica la regla tradicional —prohibición de propaganda y encuestas desde 48 horas antes hasta tres horas después del cierre— pero el texto vigente no desarrolla el alcance de la veda sobre publicaciones orgánicas, cuentas de influencers o anuncios segmentados. Ante eso, un proyecto del senador Marcelo Leguizamón propone una veda digital que incluiría la prohibición de difusión de contenidos falsos o manipulados, el uso de bots y la circulación de deepfakes sin aclaración.
La iniciativa plantea además la creación del Ente Provincial de Comunicaciones Digitales (EPCD), con facultades para monitorear, recibir denuncias y pedir la baja de publicaciones a plataformas. Entre las sanciones que se barajan aparecen multas, inhabilitaciones y restricciones para contratar con el Estado.
Queda pendiente, sin embargo, cómo se probaría una infracción en la práctica: la trazabilidad de anuncios pagados suele estar en manos de las plataformas y muchas campañas se nutren de contenidos que parecen opiniones personales. Esa zona gris —entre lo que es opinión y lo que es propaganda organizada— es el principal núcleo del problema y explica por qué hay tanto debate. Además, el control técnico exige herramientas y acuerdos internacionales que no siempre están a mano.
Elecciones 2025 provincia de Buenos Aires 2
La ley establece el inicio de la veda electoral 48 horas antes del acto eleccionario.
PBA
Qué ocurre con la veda digital en otros países
En varios países de la región ya se dieron pasos distintos: algunos organismos electorales sancionaron publicaciones en redes pese a la ausencia de normas explícitas, mientras otros impulsaron proyectos para actualizar su legislación y regular la publicidad digital y las encuestas fuera de término. México y Costa Rica figuran entre los casos mencionados por especialistas: en México se aplicaron sanciones por anuncios detectados durante la veda; en Costa Rica hay iniciativas para regular la propaganda digital y mitigar la influencia de algoritmos.
En Estados Unidos, por contraste, no existe una veda estricta como la que se practica en buena parte de Latinoamérica, aunque sí rigen reglas sobre financiamiento y transparencia de anuncios pagados en plataformas. Ese modelo pone el foco en la transparencia publicitaria más que en el silencio previo.
Italia tiene uno de los períodos de silencio más largos, comenzando dos semanas antes de las elecciones. Durante este tiempo, está prohibido publicar encuestas de opinión en cualquier medio, incluidas redes sociales. Sin embargo, la supervisión de publicaciones individuales en redes sociales es limitada, y la aplicación depende de reportes de infracciones.