«Los chicos del fentanilo» es un título a esta altura necesario. En efecto, hay al menos siete nenes en la lista de 122 presuntas víctimas, entre infectados que sobrevivieron y las 96 muertes que investiga la Justicia, relacionadas a la administración del fármaco contaminado con bacterias de los laboratorios HLB y Ramallo. Dos de las muertes se corresponden con chicos. Vivían en Rosario.
La lista de 122 víctimas del fentanilo contaminado en investigación sale del expediente judicial que se va abultando en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, donde en estos días se llevan adelante las indagatorias a 17 imputados de los laboratorios involucrados. El más resonante por ser el dueño de esas compañías, Ariel García Furfaro.
La Plata es, por cierto, la ciudad donde se destaparon las primeras muertes. A casi cuatro meses del inicio de este escándalo, vale la pena recordar cómo fueron esos días de mayo. La intención es explicar por qué aunque los casos pediátricos relacionados al fentanilo se conocen desde el día uno, recién cerrando agosto se logran poner en primer plano.
Entonces, el Hospital Italiano de la capital bonaerense había informado nueve muertes presuntamente atribuidas a fentanilo contaminado de la marca HLB, fabricadas en un laboratorio de la localidad bonaerense de Ramallo. Las muertes habían ocurrido en el marco de un extraño brote de neumonía resistente a los antibióticos que los médicos reportaban en sus salas de terapia intensiva.
Todos los pacientes eran adultos. El más joven: Renato Nicolini, de 18 años. Antes de morir, había recibido la droga adulterada.
Fentanilo: los casos pediátricos de Santa Fe
Rápidamente trascendió que había casos como esos en la provincia de Santa Fe. En la capital, pero también en Rosario. Había pacientes pediátricos de un hospital de niños a los que, por distintas patologías, los médicos habían decidido darles el famoso y potente opiáceo como sedante, sin por supuesto manejar la crucial información de que las ampollas habían salido contaminadas de la planta de manufactura.
Así lo dejó clarísimo el pedido de imputación a 17 personas que elevó hace unos días el Ministerio Público Fiscal, que además incluye conversaciones entre ex empleados, que dan cuenta de la bochornosa forma de producción en esas plantas.
La información de los víctimas pediátricas estaba ahí, a la vista de todos. Sin embargo, a fines de mayo, la ministra de Salud de Santa Fe salió públicamente a relativizar que las muertes de su provincia pudieran -sin una investigación acabada mediante- atribuirse al fentanilo contaminado.
Aunque a comienzos de julio la provincia se terminó presentando como querellante en la causa federal, la cautela (ante la falta de terreno un firme) desde las autoridades políticas y judiciales llevó a reservar datos esenciales, como las identidades y edades de las víctimas o los centros de salud donde efectivamente se habían administrado ampollas con bacterias.
Además, todas las miradas estaban puestas en la cantidad de ampollas que se habían administrado a pacientes y en si esas dosis habían sido recuperadas o no por la ANMAT, organismo que de a poco empezó a estar en la mira de la Justicia.
Pasados casi cuatro meses de investigación y con un expediente cada vez más grueso, lo borroso empieza a cobrar nitidez. Se sabe que hay dos chicos peleando por su vida en Córdoba: uno es Giovanni, el bebé que nació en febrero y, cerrando agosto, no logró abandonar la internación, aunque su familia compartió al cierre de esta nota que “está mucho mejor” y que “los médicos están tratando que suba de peso y dejarlo listo para trasladarlo a otra clínica”.
El otro caso es el de Catalina, la nena de 11 años que, por una crisis de asma, recibió fentanilo contaminado. Terminó internada 51 días. Quedará con secuelas para toda la vida.
Ahora resulta más claro que antes que, tal como trascendió desde el primer momento y más allá de las marchas y contramarchas respecto de los lugares afectados por esta droga, efectivamente había cinco casos pediátricos entre las víctimas del fentanilo de Santa Fe. Dos de ellos murieron. Todos, pacientes del Sanatorio de Niños de Rosario.
En efecto, el detalle de estos casos no figura en el Boletín Epidemiológico Nacional que elabora el Ministerio de Salud de la Nación. El último reporta 69 casos relacionados al fentanilo (51 son fallecimientos), en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires. Además dicen que investigan casos en otros ocho establecimientos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Río Negro.
Las historias clínicas de los nenes rosarinos integran el expediente judicial y sus nombres se mantienen bajo reserva. Al cierre de esta nota y a pesar de distintos intentos, Clarín no había logrado contactarse con las autoridades de ese sanatorio privado, que pertenece al Grupo Oroño, uno de los más importantes de la provincia y quienes hicieron una presentación para ser querellantes en la causa (hasta donde se sabe, no fueron aceptados aún). Son los mismos dueños de otros dos centros de salud rosarinos que utilizaron ampollas contaminadas y contabilizan víctimas: el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) y el Sanatorio Parque.
Tampoco se logró establecer contacto con las familias de los chicos, que mantienen absoluta reserva. Tanta, que no se pusieron en contacto con los familiares de otros pacientes damnificados o fallecidos, incluyendo los que están en Rosario.
Por el contrario (o en la misma dirección), otra familia se puso en contacto con esta cronista, hace ya semanas. Son padres desesperados. Perdieron a su hijo en el Sanatorio de Niños, víctima de una de las bacterias multirresistentes que se encontró en el fentanilo de HLB. El paciente había recibido la droga, pero las fechas no cierran (murió antes de que se fabriquen los lotes cuestionados) y tampoco saben si el fármaco era de esa firma.
En el sanatorio, aseguran, les demoran la entrega de la información. Los padres, que intentan tramitar el duelo, cortan clavos a la espera de más noticias.
AS