Una nueva ley refuerza los derechos civiles de los inmigrantes en Colorado y establece múltiples barreras legales al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La Senate Bill 25-276, entre otras medidas, impide que policías locales cooperen con autoridades federales, restringe el acceso a datos personales y garantiza protección en centros educativos, sanitarios y judiciales.
De acuerdo con su texto oficial, la Senate Bill 25-276 (también conocida como la “Protect Civil Rights Immigration Status Act”) detalla una serie de medidas diseñadas para blindar a las personas indocumentadas frente a operativos migratorios del ICE.
A continuación, se enumeran los principales puntos de la legislación:
Los senadores demócratas Julie Gonzales, Mike Weissman, Lorena García y Elizabeth Velasco lideraron la defensa de la SB25-276. Todos argumentaron que esta propuesta, aprobada por el Senado, la Cámara de Representantes y con la firma del gobernador Jared Polis, es fundamental para preservar los derechos civiles en Colorado.
La Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC) también respalda la medida como herramienta para reducir el temor entre comunidades migrantes. Según el grupo, el acceso seguro a servicios públicos es esencial para mejorar la calidad de vida.
Por otro lado, senadores republicanos como Rod Pelton y Byron Pelton votaron en contra. Ambos consideran que el proyecto podría beneficiar a personas con antecedentes penales, el mismo argumento que sostienen SAFE Colorado y la Asociación de Jefes de Policía del estado.
El American Immigration Council estimó que en 2023 vivían en Colorado unas 169.300 personas sin estatus legal. Esta cifra representa alrededor del 3% de la población total del estado, lo que convierte el tema migratorio en un asunto clave.
Aunque en muchos casos los extranjeros fueron reubicados desde estados con políticas más restrictivas, como Texas y Florida, durante ese mismo año, ingresaron a Denver más de 33.000 inmigrantes. La mayoría provenía de:
Por otro lado, en cuanto a la economía local, los inmigrantes indocumentados en Colorado representan US$5,8 mil millones en poder adquisitivo total. Además, en 2023, de sus ingresos, se estima que se destinaron US$1.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales.