En un fallo durísimo, la Justicia ordenó frenar el traslado del Bingo Ramallo a Escobar y decidió que el caso, que involucra al empresario del juego Daniel Angelici, sea enviado a la Corte Suprema de Justicia bonaerense para que intervenga y resuelva el el expediente.
La decisión la tomó la jueza en lo Contencioso Administrativo de Campana Mónica Ayerbe. En un escrito de 44 páginas, al que accedió Clarín, sostuvo que existieron irregularidades en la ordenanza que se votó en el Concejo deliberante de Escobar para habilitar el proyecto. Por eso le exigió al municipio que suspenda todos los efectos de ese proyecto de ley.
En su fundamentos, la jueza Ayerbe aseguró que para intentar instalar el bingo no se hicieron estudios de impacto ambiental, se habilitaron áreas para construir que estaban protegidas como zonas residenciales y no se llevaron adelante instancias de información y consulta pública «conforme lo exige el artículo 28 de la Constitución Provincial».
Ayerbe, además, fue muy dura con el proceso de aprobación de la ordenanza que habilitó la construcción del bingo en Escobar: «La opacidad que surge respecto de las circunstancias que rodean la aprobación urbanística de la ordenanza en cuestión, no hace más que fortalecer la evidencia de una afectación al derecho a la información pública ambiental de raigambre constitucional y convencional».
En el fallo, Ayerbe dictó una cautelar para frenar cualquier avance y ordenó que que el municipio que dirige Ariel Sujarchuk suspenda los efectos de la Ordenanza 6350/24 que fue la que habilitó el proyecto. Además, envió el expediente a la Corte provincial.
El caso, que ahora tuvo un resolución judicial, arrancó en diciembre pasado cuando el Concejo deliberante de Escobar aprobó -de manera veloz- una ordenanza para rezonificar una área urbana de Ingeniero Maschwitz (lindera a la Autopista Panamericana) y así poder construir un mega predio que iba a contar con hoteles, restaurantes, centro comercial y una sala de juegos de azar.
En el lugar, con la ley aprobada, se iba a instalar, tras un traslado, el Bingo Ramallo, ubicado en esa localidad de la Provincia y que venía en baja ya que había perdido clientes. Maschwitz, en pleno crecimiento urbano, aparecía como un lugar más prometedor para el desarrollo de los juegos de azar.
El Bingo Ramallo es de los empresarios del juego Daniel Angelici y Daniel Mautone. Ambos tienen un porcentaje de esa sala de juegos. Mautone es uno de los hombres fuertes del sector que supo tejer buenas relaciones con el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que todavía tiene influencia en el juego y siguió el devenir de este caso muy de cerca desde sus oficinas ubicadas frente a la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de Ley para rezonificar la zona fue impulsado por Leandro Goroyesky, un legislador del PRO, justo el partido en el que Angelici tiene raíces por su vínculo con Mauricio Macri. En la Concejo deliberante contó con el apoyo de todos los legisladores. No solo los del PRO, también votaron los concejales vecinalistas y de Unión por la Patria que responden al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.
Goroyesky, aseguran en el PRO, es cercano a Cristian Ritondo y tiene ascendencia en Angelici. Además, Goroyesky es tesorero del club San Lorenzo de Almagro, que hoy vive una crisis institucional sin precedentes.
La ordenanza se aprobó de manera veloz el 27 de diciembre pasado, en la víspera de año nuevo. Para la jueza ese movimiento fue sospechoso. «La norma fue aprobada en el marco de una Sesión Extraordinaria y tratada en un exiguo plazo de apenas 21 días, premura que resulta incompatible con la complejidad técnica y jurídica de la cuestión urbanística involucrada», sostuvo.
Para Angelici, el freno judicial es un golpe a su estrategia. Fuentes del sector del juego sostienen que el empresario y ex presidente de Boca buscaba trasladar el bingo a Escobar para luego venderle su parte a Fabio Fernández, un importante empresario gastronómico que tuvo un paso como dirigente de Independiente.
Fernández figura hoy como presidente de Bingo Ramallo SA y con la aprobación del proyecto buscaba comprarle a Angelici el 25% de las acciones que tiene en esa sala. Ahora es una incógnita lo que sucederá con ese negocio millonario.
El caso se judicializó por impulso de un grupo de vecinos y asociaciones civiles que se opusieron a la iniciativa. En la denuncia inicial, sostuvieron que el juego es una industria tóxica y que la ordenanza 6350/2024 aprobada por el Concejo Deliberante no contaba con estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas. También argumentan que cinco de las parcelas involucradas en el proyecto están registradas como Zona Residencial Exclusiva 1, donde la normativa prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad comercial, hotelera o de entretenimiento.
La jueza les dio la razón.