No obstante, si la mirada se desliza desde el área de Seguridad a la de Inteligencia, un elemento llamativo asoma y caracteriza el enfoque del Gobierno sobre la administración del Estado: apenas superada la mitad del año, Nación utilizó más del 90% de los gastos reservados para este tipos de trabajo que lleva adelante la ex SIDE. O sea, recursos cuyo destino la ciudadanía no conocerá su objeto. En un país en el que el espionaje fue durante décadas más un instrumento de extorsión que de alerta ante peligros exógenos, es algo sobre lo cual es indispensable hacer foco. ¿Qué es tan importante como para que eso suceda y, a la vez, deba estar al margen del contralor legislativo?
Asimismo, si se lleva adelante una comparación interanual, el área de Inteligencia pasó de representar el 0,14% del Presupuesto en 2021 al 0,24% en 2025 sin mayores explicaciones. Ahora bien, su aumento se dio justo en el sentido contrario a los ítems de “Vivienda y Urbanismo”, que se retrajo de 3% a 0,07%, y “Agua Potable y Alcantarillado”, que redujo su importancia en el presupuesto de 2,01% a 0,58%. En cambio, Seguridad Interior pasó de 1,76% a 2,43%. Cuestión de prioridades.
No especificados
Cualquiera que observe comparativamente el presupuesto del Ministerio de Seguridad desagregado, más allá de que recientemente sufrió cambios por medio del DNU Nº425, notará el crecimiento exponencial de la categoría “Servicios no especificados”. Sin embargo, no es eso únicamente lo que llama la atención sino que, dentro de esa categoría, donde hay varias subcategorías que orientan la interpretación del gasto, la mayor de todas con distancia es la que aparece como “Otros n.e.p”, que pasó de $2.600 millones en enero a casi $49.000 millones en números redondos. Para mayor claridad y a modo de trabalengua, se trata otros gastos no especificados dentro de los gastos no especificados.
Cabe precisar que entre los servicios “no personales” están los de ceremonial y protocolo, gastos reservados, servicios de vigilancia, pasantías, becas de investigación y la mencionada subcategoría “otros servicios n.e.p.”. Obviamente, esta representa, sin identificar el objeto del gasto, a aquellos que no están incluidos entre los anteriores, pero no se sabe cuáles son y, por lo tanto, no hay información pública sobre para qué se utilizan ni por qué crecieron de tal manera.
Quienes consultan el portal Datos Abiertos para estudiar la ejecución del Presupuesto, pueden elegir ver su avance por medio de cuadros. Bajo ese aspecto, es de tal grado la suba de “Otros n.e.p” que, si se coteja con lo que representaba en 2023, su cuadro expresaba un espacio de mucha menor importancia.
En 2025, siempre según la información oficial disponible, del total del gasto, “Servicios no personales” representa el 2,36% del Presupuesto. El 57% de eso se va en servicios no especificados (“Otros n.e.p”). En 2024, esta última subcategoría implicaba $3.928 millones. Y en el total del gasto de la entrada “Servicios no personales”, “Otros n.e.p” representaba el 22,1%, 35 puntos menos que este año. Si la comparación es con el último año del gobierno de Alberto Fernández, “Otros n.e.p” significaba solo el 15% de “Servicios no personales”. Tanto en 2023 como en 2024 con cifras mucho menores.
Ante la consulta realizada para esta nota al Ministerio de Seguridad, la respuesta fue con evasivas.
En colaboración con este artículo, la periodista especializada Agustina Bordigoni detalló que, ya en entre enero y marzo, Seguridad había aumentado esta categoría de $2.600 millones a poco más de $52.000 millones. Ahora, se modificó y el total de lo presupuestado para “Otros n.e.p” es de casi tres mil millones de pesos menos.
Si se lo compara con 2024, el salto fue diferente de $14.185 millones a $25.797 millones. O sea, menor al 100%.
Esto se da en un contexto en el que la reforma de la Federal abre la puerta a profundizar las tareas de inteligencia, y un agujero que lleva la memoria a épocas oscuras.
Sin respuestas
Publicado el decreto por medio del cual se reforma la Federal, diferentes organismos de Derechos Humanos y constitucionalistas marcaron que, más allá de la necesidad de discutir cambios en la Policía, era una anomalía grave el hecho de que no pase por el filtro del Congreso Nacional.
Puntualmente, las actividades sin orden judicial son las que mayor inquietud generaron. Fundamentalmente, la posibilidad de llevar a cabo una detención (incluso en sentido contrario a lo dispuesto por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio), la libertad de realizar ciberpatrullaje indiscriminadamente, espiando fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales) y el poder de realizar requisas en situaciones indefinidas y denominadas “operativos de prevención”.
La controversia escaló de tal manera que integrantes del Poder Judicial expresaron su desacuerdo. Por caso, Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal de Catamarca, dijo que el decreto “presenta varios puntos que podrían ser objeto de inconstitucionalidad y críticas severas desde el punto de vista del Estado de Derecho, el control judicial y los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Después, consultado para esta nota, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que «el primer problema formal que tiene este decreto delegado es que viola las bases de delegación establecida de la ley Bases. En segundo lugar, lo que está haciendo es restringir los derechos fundamentales de las personas de manera desproporcionada, otorgándole atribuciones a la Policía Federal que no se condicen con los objetivos constitucionales que tiene que tener».
Desde el CELS, marcaron algo más que no aparece mencionado por otros actores que se muestran críticos: el decreto criminaliza acciones que no eran delito hasta ahora. Por ejemplo, la protesta considerada como un acto de sedición. Desde el mencionado organismo, indicaron, también, que las reuniones políticas de ciertos grupos pasaron a ser considerados potenciales actos de terrorismo. Esto vuelve a la advertencia realizada por Domínguez, quien anticipó que no sería extraño que, con este estado de cosas, vuelvan las razzias.
En el ojo de la tormenta se encuentran las tareas de inteligencia de la Federal y el cuerpo que las lleva adelante. El decreto menciona la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) que se encargará de los delitos complejos dentro del país y un Departamento Federal de Coordinación. Dentro de DFI, habrá tres subáreas dedicadas a la investigación: Agencias Federales de Investigación (AFDI), Investigaciones Federales e Investigaciones contra el Narcotráfico.
El CELS subrayó que el Gobierno viene negando la solicitud de acceso a la información en torno del cuerpo que reúne a los que en la jerga policial se conoce como los “plumas”. La referencia es a quienes hacen inteligencia dentro de la Federal, que históricamente están enfrentados con el grupo de los “Comisarios”.
El organismo reclama acceso a información sobre “la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, en particular de sus Cuerpos de Inteligencia Criminal y de Investigaciones”. Y además, sobre la información que se considerara no pública, piden su desclasificación.
Tras la negativa del ministerio de Seguridad, el 28 de marzo, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Estado “está sometido al principio de máxima divulgación, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema, y que el ministerio de Seguridad no está exento de ese criterio, ni siquiera si se trata de temas de inteligencia. Es decir que el ministerio no puede rechazar el acceso sin más, arbitrariamente: debe brindar la información o argumentar con precisión por qué no”. Luego, casi dos meses después, el juez federal Martín Cormick le exigió al Ministerio que conduce Bullrich que en el plazo de cinco días acreditara haber cumplido con lo que le había ordenado el Poder Judicial. No sucedió.
Si se tiene en cuenta que la nueva Federal tiene una impronta marcada por la Inteligencia y que los cambios no se hicieron respetando los pasos que imponen las instituciones democráticas, poner el foco sobre las actividades vinculadas con el espionaje empieza a tomar cada vez mayor importancia.