POLÍTICA
Como la élite politica batllista destruye la generación de riqueza y prosperidad.
En una economía sana, la competencia impulsa la eficiencia, los precios reflejan la realidad del mercado, y las empresas se esfuerzan por servir mejor al consumidor. En Uruguay, en cambio, ANCAP encarna el reverso exacto de esa lógica: un monopolio estatal que impone precios artificiales, distorsiona los incentivos y castiga al que produce para sostener una red de privilegios políticos y prebendas empresariales.
ANCAP no compite, impone. Es dueño exclusivo de la refinación, la importación y la distribución mayorista de combustibles. En un país sin petróleo, ANCAP transforma un insumo globalmente abundante y barato en uno de los más caros de América Latina. ¿Por qué? Porque no necesita mejorar ni innovar: su posición monopólica está garantizada por ley, y sus costos, por el bolsillo del contribuyente y del consumidor.
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El resultado es obvio: el combustible en Uruguay es artificialmente caro. No por razones técnicas, sino políticas. Y ese sobreprecio lo pagan los sectores productivos: el agro, la industria, el transporte, el comercio. Cada litro de gasoil es un impuesto disfrazado que encarece la logística, reduce márgenes y resta competitividad. Mientras tanto, los países vecinos —con mercados abiertos y competencia real— logran mejores precios sin sacrificar la calidad del servicio.
Pero ANCAP no es solo un problema económico: es, ante todo, un problema político. Su estructura responde a la lógica del botín estatal. Cada gobierno de turno coloniza sus cargos directivos, reparte puestos entre correligionarios y orienta decisiones empresariales con criterios electorales. Las pérdidas millonarias en negocios ajenos a su misión —como el cemento o el alcohol— no fueron errores técnicos: fueron consecuencias previsibles de una gestión politizada y opaca.
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Y luego están las estaciones de servicio. En lugar de competir, viven bajo un régimen de concesiones protegidas, márgenes regulados y normas que impiden la entrada de nuevos actores. No son empresarios, son concesionarios del privilegio. La red de distribución de combustibles en Uruguay se comporta como un oligopolio tutelado por el Estado: seguro, rentable y cerrado.
| Redacción
ANCAP no garantiza soberanía energética. Garantiza la captura de rentas por parte de una minoría organizada: políticos con cargos, sindicatos con poder de veto y empresarios prebendarios que viven de la regulación. El país productivo —el que invierte, arriesga, trabaja y exporta— no está en esa lista.
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