El Senado de California aprobó un proyecto que permite aumentar los cargos por trámites para compradores de automóviles de US$85 a un máximo de US$500. El cambio representa un incremento del 488% y contradice las promesas de los legisladores de reducir los costos que enfrentan los consumidores.
El Senate Bill 791 (SB 791) da luz verde a los concesionarios a cobrar hasta el 1% del precio del vehículo por la gestión documental. Esto incluye registros ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), formularios de préstamo y medidas antifraude. La iniciativa recibió apoyo bipartidista y solo tuvo un voto en contra.
El senador demócrata Dave Cortese, autor del proyecto, reconoció que “no es ideal” subir costos, pero también argumentó que el límite anterior no contemplaba la inflación ni los costos administrativos actuales. Cortese también afirmó que se necesitará una justificación detallada para que el gobernador Gavin Newsom firme la medida.
Organizaciones de defensa al consumidor cuestionaron la medida. De acuerdo a Cal Matters, Rosemary Shahan, de Consumers for Auto Reliability and Safety, dijo que el proyecto “beneficia a los concesionarios a expensas de los compradores”.
El senador demócrata Henry Stern fue el único en votar en contra. En una declaración escrita, afirmó que los vendedores “no se han ganado la confianza para justificar este aumento”. También señaló que el sector automotor ha trabajado activamente para bloquear mandatos ambientales del Estado Dorado. “El mal comportamiento no debería ser premiado”, agregó.
Por su parte, Cortese prometió trabajar con el sector para ajustar el techo tarifario. Indicó que el proyecto podría modificarse durante el tratamiento en la Asamblea para lograr la firma del gobernador.
Según Cortese, la agenda de asequibilidad no es una estrategia vacía.
Por su parte, los representantes del sector dicen que los costos aumentaron. Anthony Samson, del grupo de concesionarios, argumentó ante el Comité de Transporte que otras industrias pueden trasladar sus costos, pero ellos necesitan autorización legislativa para hacerlo.
El lobby del sector automotor invirtió fuertemente en donaciones políticas. Según Digital Democracy, los concesionarios donaron al menos US$2,9 millones a legisladores desde 2015. Entre ellos:
Veinte senadores demócratas y siete republicanos votaron a favor. Algunos, como McGuire, no explicaron su voto. El senador Roger Niello se excusó por conflicto de intereses: su familia tiene concesionarias. Otros legisladores optaron por no votar.
El proyecto exime al estado de California pagar la tarifa por su flota. La medida busca cubrir trámites administrativos, pero amplía la brecha entre el discurso político y las decisiones reales.
El texto ahora pasará a la Asamblea estatal, donde podría recibir cambios antes de llegar al escritorio del gobernador. El debate entre el alivio al sector automotor y la protección al consumidor sigue abierto en California.