El Senado de la Nación tiene previsto tratar mañana los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar la Corte Suprema de Justicia. Se sabe que su nombramiento “en comisión” fue ya efectuado mediante un decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, con invocación de la cláusula constitucional que permite dicha designación para supuestos de vacantes “que ocurran durante el receso” de aquel órgano. Mucho se ha discutido acerca de la legitimidad de este tipo de designaciones. Voces autorizadas han hecho notar que es al menos llamativo que el Presidente haya recurrido a este mecanismo in extremis cuando las sesiones ordinarias de aquel cuerpo estaban muy próximas a iniciarse, y también se ha afirmado que la existencia de “jueces transitorios” no es la mejor manera de garantizar la independencia de los magistrados, pues saben que su situación es de una manifiesta precariedad.
Pero con independencia de estas críticas a la forma en que fueron designados, lo cierto es que el Senado ha sido formalmente convocado para uno de los actos de mayor trascendencia institucional en una república, que es la conformación de un poder esencial dentro del esquema constitucional, como su Corte Suprema. Y aquí, aunque esto parezca una ingenuidad, no estaría de más recordarles a los senadores que aún están a tiempo para encarar la sesión honrando su cargo, en función de lo que la población espera de ellos.
La aprobación o el rechazo de los pliegos de Lijo y García-Mansilla no puede pasar a ser moneda de cambio para ventajas ulteriores de los partidos que los senadores representan, ni para las conveniencias judiciales de Cristina Kirchner
¿Qué esperamos, en concreto, de quienes detentan tal nivel de responsabilidad institucional? Algo tan simple como que analicen y expongan durante el debate los méritos y las condiciones de cada candidato y que ello sirva para dar sustento al voto de aprobación o rechazo que emitan. Si hicieran este simple ejercicio, que es el mínimo que se espera de ellos, les resultaría sencillo concluir que el juez Lijo es un muy mal candidato. Bastaría con que recuerden que ha cosechado una oposición prácticamente unánime en todas las organizaciones de la sociedad civil con especialización en temas de justicia, que las auditorías efectuadas sobre el funcionamiento de los juzgados a su cargo demuestran una alarmante tendencia a eternizar las causas que instruye, que sus vínculos con la clase política resultan altamente sospechosos y que, por último, es menester que se refute por completo la sospecha de que existen senadores que consideran dar su aprobación para evitar ser objeto de represalias, de ese mismo magistrado, el día de mañana. En otras palabras, asistimos a un posible escenario rayano en lo mafioso, donde existirían miembros del Senado dispuestos a algo tan burdo como canjear su voto positivo por una especie de protección judicial a futuro.
La situación del académico García-Mansilla se presenta, en cambio, de manera diametralmente diferente. Nadie puede dudar de su aquilatada trayectoria y sus conocimientos en derecho constitucional. Y si bien los senadores de la Nación están autorizados a discrepar de algunos de sus criterios de interpretación constitucional, sería esperable que, si consideran esos criterios observables, ello sea producto de un análisis meditado de por qué los juzgan inconvenientes.
Lo que debería resistirse, por manifiestamente nocivo para la salud de la república, en cambio, es que la aprobación o el rechazo de estos pliegos pasen a ser moneda de cambio para ventajas ulteriores de los partidos a los cuales los senadores pertenecen. Mucho peor aún sería que empiecen a tallar las conveniencias judiciales de la actual titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, sobre quien pesa hoy una condena dictada en dos instancias sobre la cual la Corte Suprema deberá decidir si la revisa o no. Y en esa línea de pensamiento, que la predisposición a revocar dicha condena sea el “test” para la eventual aceptación de cualquier próximo integrante de la Corte Suprema.
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