Un 29 de junio del 2022, bajo el mando de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, el gobernador pondría punto final a una polémica de varios años que logró salpicar a dirigentes políticos en términos judiciales. Ese miércoles, Kicillof derogó una multa de $659 millones que pesaba sobre el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), a cargo del secretario general Roberto Baradel.
El combativo dirigente sindical, conocido por utilizar su posición para orquestar manifestaciones y posponer el inicio de las clases durante los gobiernos de derecha y por sus vínculos estrechos con funcionarios peronistas, fue bendecido por el perdón económico de Kicillof. En ese momento, la medida sellada en un acto administrativo en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, no solo cerró un episodio legal, sino que despertó acusaciones de una alianza entre el kirchnerismo y los gremios docentes, con Baradel como figura principal.
¿De dónde surgió la multa millonaria?
En detalle, la problemática judicial inició en 2018, en plena gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense. El 30 y 31 de julio de ese año, SUTEBA, alineado con una medida de fuerza nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), lanzó un paro docente tras el receso invernal. Ese paro despertó el malestar del gobierno provincial que había dictado una conciliación obligatoria -bajo el marco de la Ley 23.551- que tenía como objetivo suspender los reclamos y forzar una negociación.
No obstante, Baradel y su sindicato desoyeron la orden, priorizando la protesta nacional sobre las disposiciones locales. La respuesta de Vidal fue contundente: una multa de $659 millones, impuesta por el entonces ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, con el argumento de resarcir el costo de los días de clase perdidos.
María Eugenia Vidal, ex gobernadora de provincia de Buenos Aires
Lo que, en un principio, parecía ser una medida correctiva pronto se encontró con complicaciones judiciales. Un mes después, el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani, suspendió la sanción mediante una medida cautelar. El fallo fue claro: la multa era desproporcionada y atentaba contra la libertad sindical, un derecho protegido por la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A diferencia de Vidal, los magistrados señalaron que el costo que estimó la gobernadora por los daños generados al no iniciar el ciclo lectivo a tiempo ponía en peligro la subsistencia del sindicato. De esta forma, la sanción quedó en suspenso y también en el olvido hasta que la mandataria concluyó su gestión en provincia de Buenos Aires.
Con la llegada de Kicillof en diciembre del 2019, el panorama cambió radicalmente. Lejos de los enfrentamientos con los gremios que caracterizaron la era Vidal -quien enfrentó 26 paros docentes en cuatro años-, el gobernador kirchnerista adoptó una postura de diálogo con SUTEBA. Durante sus primeros tres años de gestión, no se registraron medidas de fuerza significativas, un contraste notable con la combatividad que Baradel había exhibido contra la funcionaria de Juntos por el Cambio.
Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA desde 2004
Este trato diferente y positivo no pasó desapercibido, y la anulación de la multa en 2022 fue interpretada por muchos como la consolidación de una relación simbiótica entre el Gobierno y el gremio. Ese 29 de junio, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, notificó personalmente a Baradel en un acto cargado de simbolismo, justificando la derogación en las «irregularidades» del expediente y su inviabilidad legal tras el fallo de 2018.
Desde la administración bonaerense explicaron que no hubo «perdón» alguno, sino una corrección sobre una sanción impuesta por diferencias políticas. Ruiz Malec fortaleció ese discurso alegando que el proceso iniciado en 2018 estaba plagado de defectos formales -falta de notificación adecuada, cálculo arbitrario del monto- y que mantenerlo era inútil, pues cualquier tribunal lo habría anulado.
Baradel, por su lado, no escatimó en celebraciones. Calificó la multa como un intento de Vidal de «disciplinar» a los docentes y destruir a los sindicatos, y destacó que su derogación era una victoria del diálogo impulsado por Kicillof. Sin embargo, detrás de las justificaciones legales, la oposición vio un trasfondo político innegable: el «perdón» de una deuda millonaria como recompensa a un aliado clave del kirchnerismo.
La respuesta de la oposición
Los máximos representantes de la oposición no tardaron en hacer un crudo análisis. El entonces diputado Alex Campbell, de Juntos, acusó a Kicillof y Baradel de ser «socios políticos» que convirtieron la educación en rehén de intereses gremiales. «Mientras los chicos perdían días de clase, el gobernador premia a quien co-gobierna la provincia», opinó.
En la misma línea, Juan Pablo Allan, que se desempeñaba como senador, lamentó que la derogación enviara un «pésimo mensaje» al no sancionar la afectación del derecho a la educación. Incluso la exgobernadora María Eugenia Vidal, desde su retiro político momentáneo, también alzó la voz, recordando que la multa buscaba garantizar la continuidad de las clases y criticó el «favoritismo» de Kicillof hacia los sindicatos.
Si bien la multa impuesta por Vidal violaba el principio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia y la OIT, la derogación del 2022 enlazó políticamente a Baradel y al kirchnerismo. Más aún teniendo en cuenta que, el Tribunal de La Plata ya había dado un fallo a favor de SUTEBA. Es decir que, el perdón de Kicillof no era judicialmente necesario, más solo bastaba con esperar la resolución final de la justicia, pero sí políticamente estratégico.