Después de dos semanas de mucha rosca, finalmente este martes a las 14 hs., un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, debate el proyecto de «Reforma para el Fortalecimiento Electoral», que envió el Poder Ejecutivo a fines de noviembre del año pasado y que es uno de los temas incluido dentro del temario de las Sesiones Extraordinarias.
Esta es la primera reunión oficial de la agenda del período de extraordinarias, que comenzo el 20 de enero y se extenderá hasta el 21 de febrero, pero que solo tuvo reuniones informales, o «de rosca» para decirlo más popularmente, entre los representantes del oficialismo y legisladores de bloques aliados.
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Ni bien se conoció el proyecto, explicitado en el Mensaje 64/24 – Expediente 22-PE-2024-, la izquierda advirtió sobre la peligrosidad de esta iniciativa. De conjunto la reforma política implica un duro ataque a los derechos políticos y las libertades democráticas en nuestro país. , ya que busca, por un lado: el fortalecimiento de un gobierno que pretende mayores dosis de ajuste contra las mayorías trabajadoras y populares, y por el otro: la proscripción de la izquierda y fuerzas políticas o expresiones políticas emergentes, muchas de las cuáles tienen representantes legislativos en las cámaras y que sin dudas se verán afectadas de manera negativa.
El proyecto incluye dos títulos. El primero busca la derogación del régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias (PASO). El segundo título tiene por objetivo modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos con el objetivo de eliminar (o reducir a la máxima expresión) el financiamiento del Estado nacional a los partidos políticos en campaña electoral e incrementar el financiamiento privado, lo que trae aparejado una suerte de “privatización” del sistema político.
El objetivo oficial detrás de esta propuesta es poner en pié un régimen político en el que sólo puedan tener representación en el Congreso nacional y postular candidatos presidenciales de no más de dos o tres formaciones políticas financiados por los grandes grupos económicos (ya sea nacionales o extranjeros) y que por consiguiente actúen representando sus intereses empresariales.
La contrapartida de esto, es la proscripción lisa y llana de los partidos de izquierda y de las fuerzas cuyo financiamiento no proviene ni provendrá nunca de sectores empresarios.
El Gobierno utiliza el arugmento del»gasto» para justificar esta política. Sin embargo, las PASO en 2023 costaron la mitad de lo que hoy gasta el Gobierno en la SIDE para espiar a opositores por ejemplo. Al mismo tiempo, desde el oficialismo se rebajan derechos de exportación a las patronales agrarias e impuestos a vehículos que solo pueden adquirir sectores pudientes, mientras que el superávit comercial se esfuma en los pagos de la fraudulenta deuda externa.
Sobre el TÍTULO I: Derogación del Régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y obligatorias (PASO)
El objetivo es la eliminación de las denominada PASO. La izquierda siempre criticó a las PASO por su piso proscriptivo para poder participar de las elecciones generales, como así también por ser un instrumento en que el Estado se inmiscuye en la decisión de cada partido o alianza.
Pero esta propuesta, lo que busca es la alteración del calendario electoral con el objetivo de diseñar un nuevo sistema electoral acorde a las necesidades del Gobierno nacional e imponer condiciones leoninas para poder crear partidos y postular candidatos profundizando aún mucho más el carácter proscriptivo de las elecciones. Que quede claro, quienes apoyan esta iniciativa hoy, lo que buscan es abolirlas no para hacer un régimen más democrático sino para fortalecerse ellos en sus espacios y polarizar, dejando afuera a terceras opciones.
Sobre el TÍTULO II: Modificaciones al Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos
El objetivo de este título en su conjunto es avanzar en la confección de un sistema político en el que solamente existan las fuerzas políticas y candidatos que sean financiados por los grandes sectores económicos, quienes a su vez de esa manera se aseguran el diseño de políticas económicas a su medida y la eliminación de fuerzas políticas opositoras, como la izquierda, que siempre defenderá los intereses de los mayorías trabajadoras, las mujeres, la juventud y cualquier sector oprimido. Se busca privatizar el sistema electoral.
El espíritu de la izquierda es el contrario. Por eso, en el año 2018, presentaron un proyecto de Ley (Expediente: 4637-D-2018) en el que se establece que las “campaña electorales serán financiadas en su totalidad por el Estado Nacional, quedando prohibido todo tipo de financiamiento privado, es decir toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física, ideal o jurídica efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales”.
¿Por qué? Porque el financiamiento estatal de las campañas electorales en un 100% es lo que permite un grado de mayor igualdad entre los candidatos de las diferentes fuerzas políticas. De lo contrario, una fuerza como el Frente de Izquierda Unidad, que por principios no cuenta con financiamiento empresarial, prácticamente no contaría con la posibilidad de hacer campaña, por lo tanto, sus ideas y programa no podrían ser vistos ni escuchados.
Todo lo contrario a lo establecido en este título ( a través de los artículos 41, 42 y 43 del capítulo I) se establecen una serie de modificaciones (ya sea vía la derogación entera de títulos, capítulos y/o artículos) a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos N° 26.215 que tienen por objetivo que “las campañas electorales dejarán de ser solventadas casi íntegramente por el ESTADO NACIONAL y se la abrirá paso al financiamiento proveniente del sector privado”.
El artículo 12 establece la sustitución del Capitulo IV bis del Código Electoral Nacional-Ley N° 19.945 que indicaba la obligatoriedad del debate presidencial por otro en el que directamente ese punto elimina. O sea, de prosperar esta inicitiva, no habrá más debates presidenciales.
Quedan también eliminados los espacios cedidos en radio y televisión. De ahora en más, cada partido o alianza deberá pagarselo. Cada publicidad (una) de 15 segundos en un canal abierto de TV puede costar más de cinco millones de pesos. ¿Cuántas fuerzas políticas y candidatos están en condiciones de afrontar el costo millonario para poder aparecer en los medios de comunicación?. Hay que agregar que además en el caso de que , si se consiguieron fondos para pasar algunos spots, el medio tiene la potestad de pasarlos o no.
El oficialismo busca también que para que los partidos o alianzas puedan postular candidatos en las elecciones legislativas y presidenciales deberían tener como mínimo más del doble de afiliados de los que hoy exige la legislación vigente, de lo contrario quedarían caducos, sin posibilidad de participar en las elecciones. Mínimo de 10.000 afiliados en cada una de las provincias más grandes, y 37.000 para un partido nacional.
Para ser un partido nacional y postular una fórmula presidencial hoy se necesita tener la personería jurídico política en al menos cinco distritos. Con esta iniciativa, se los quiere duplicar, no importando si un partido tiene la personería política en la provincia de Buenos Aires que representa el 40% del padrón electoral nacional: habría que tener un mínimo de 10 provincias. Si esta propuesta triunfa, quedaría afuera de la contienda electoral la agrupación que no obtuviera votos equivalentes al 3% del padrón del distrito en dos elecciones consecutivas. En términos reales eso significa alrededor del 5% de los votos (porque nunca vota el 100% del padrón). Ese mínimo del 3% del padrón para poder seguir postulando candidatas y candidatos si hay una alianza como es nuestra fuerza debe “repartirse” entre todos sus miembros. Es decir, hoy el FITU debería obtener el 12% del padrón (alrededor del 18% de los votos) en cada distrito para que cada uno de los cuatro partidos que lo integramos podamos seguir postulando candidatos en las sucesivas elecciones.
La principal víctima de estas reformas será el conjunto del electorado
Lo grave de todo el proyecto de conjutno es que la principal víctima de estas reformas sería el conjunto del electorado, que se vería privado de conocer a todas las opciones en igualdad de condiciones. Si se aprueba esta “reforma política” solamente se van a poder ver y escuchar las propuestas y el programa político que decidan los multimillonarios que financian las campañas. Con esta reforma no se van a poder ni ver ni escuchar a los candidatos de la izquierda, que no tiene el financiamiento de los grandes grupos económicos que, naturalmente, financian a quienes van a defender sus intereses. Y no se trata de obtener más o menos votos: ningún empresario iría a poner un centavo en quienes son parte de las luchas de los trabajadores y el pueblo como es la izquierda, que se sostiene exclusiva y excluyentemente con los aportes de trabajadores y estudiantes. Milei quiere emular el modelo yanqui del partido Demócrata y Donald Trump , donde los que deciden todo y pueden torcer un resultado electoral son los megaricos como Elon Musk, para tener gobiernos y parlamentos que gestionen y legislen a favor de incrementar sus ganancias.
Y quienes colaboren con esta propuesta oficial en este proyecto, estarán poniendo su granito de arena para que el Gobierno sume una cuota más de autoritarismo.